Aunque los índices delictivos se han mantenido en Tlaxcala, lo cual permite a ubicar a la entidad como la segunda entidad más segura del país, la realidad es que entre el imaginario colectivo de la entidad existe la percepción que la inseguridad se ha incrementado, cuando el problema que se enfrenta forma parte de la herencia de pasadas administraciones que a lo largo de los últimos años lo descuidaron por no ejercer recursos públicos y por reducir el número de policías.
Hoy la fuerza policiaca del estado de Tlaxcala está resultando insuficiente para contener la ola delictiva. En los municipios los elementos destinados a prevenir ilícitos están rebasados y su contribución en la lucha contra la inseguridad es mínima, de ahí que urge que los presidentes municipales se comprometan no sólo a canalizar más recursos, sino a revisar la trayectoria de los encargados de la seguridad y de sus uniformados a fin de garantizar trabajo y compromiso.
Los diferentes sectores de la sociedad tlaxcaltecas están en su derecho de lanzar críticas y señalamientos por lo que se ha dejado de hacer o por las inconsistencias que se tienen en materia de seguridad, pues es válido que lo hagan porque al final todos queremos un estado en paz y que tenga desarrollo.
Sin embargo, usar el problema de la inseguridad con fines políticos y electoreros para desacreditar a una nueva administración que se está esforzando para combatir a los criminales resulta poco ético, y más cuando el que hace los señalamientos muestra una falta de memoria imperdonable.
Usted recuerda el nombre de Orlando May Zaragoza Ayala, quizás muchos ya lo olvidaron, pero el que lo tiene seguramente en su memoria, aunque sabemos que es corta, es el diputado federal Mariano González Aguirre.
Bueno, pues resulta que, en el sexenio del papá de este improductivo legislador, May Zaragoza fungió como ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en Tlaxcala.
En su tierra natal May Zaragoza encabezaba según notas periodísticas secuestros, narcotráfico, y una serie de delitos los cuales se encontraban documentados y que eran del dominio público.
Aun así, el entonces gobernador de la entidad, Mariano González Zarur, se decidió por él, y tiempo después, vimos los resultados.
May Zaragoza fue cesado luego de que fuera detenida una banda delictiva, integrada por siete elementos de la Policía Estatal Acreditable (PEA), que cometió al menos cuatro secuestros exprés en menos de 48 horas en los municipios de Apizaco y Tlaxcala.
Por ello, esa administración es considerada una de las más violentas de la historia de Tlaxcala. En ella se dio el despido de casi el 40 por ciento de los policías estatales y los indicadores de diferentes delitos empezaron a repuntar.
Qué lamentable que el diputado esté perdiendo la memoria, o también habrá que recordarle que dos escoltas de su papá balearon a los hermanos Sandro y Maximino Torres Loaiza por lo que fueron detenidos y sujetos a investigación por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hecho vergonzoso que nos hizo ganar las primeras planas en los diarios nacionales.
Ojalá en un futuro el diputado federal González Aguirre sea más coherente, y tenga la calidad moral primero, de echarle una revisada al sexenio de su papá y su amigo el ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, y luego que deje de hacer críticas absurdas.
O algo mejor, que se ponga ya a trabajar y deje de ser el legislador flojo e improductivo que conocemos.
Por cierto, ayer la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hizo un anuncio importante para la entidad, pues confirmó que para reforzar la estrategia de seguridad iniciará en breve la edificación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), para lo cual se destinarán más de 300 millones de pesos.
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