El secretario de Gobierno en Tlaxcala, Sergio González Hernández, debería ser más prudente y menos claridoso a la hora de atender a los medios de comunicación, porque en su afán de ser reconocido como el segundo al mando después de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, suelta la lengua sin que ésta esté conectada al cerebro.
Sólo así se explicaría su desafortunada declaración en el sentido de desconocer que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Álvarez Valenzuela, enfrenta una acusación penal ante la Fiscalía General de la República por acoso sexual agravado, razón por la cual el ex policía federal deberá presentarse ante un juez en los últimos días de noviembre donde se podría determinar si hay elementos para llevar a cabo el juicio.
Al ser cuestionado sobre ese asunto el responsable de la política interna se aventó la puntada de declarar que “no hay ningún tipo de conocimiento en cuanto a lo que circula en redes sociales, si hay algún procedimiento este se tendrá que desahogar conforme a lo que marque la misma circunstancia (…) en ese sentido, no tenemos algún tipo de sentencia o comunicado de la Fiscalía para decir que él secretario es culpable de algún acto de este tipo”.
Obviamente nadie le creyó al ex panista y hoy morenista de alcurnia porque está claro que no está acatando las recomendaciones de su líder político, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de no robar, no traicionar y no mentir.
Desde agosto se sabía de la denuncia que enfrentaba Alfredo Álvarez y aun así se decidió abrirle la puerta del gabinete estatal a ese cuestionado funcionario que, en caso de ser sometido a juicio por un juez, seguramente causará baja inmediatamente porque será insostenible.
Lo que Sergio González no midió o no pensó, es que su declaración vino a reforzar la idea de que es un secretario de Gobierno débil con escaso liderazgo al interior del equipo lorenista, porque salir a reconocer que él y la actual administración estatal no sabían nada de la grave acusación que existe contra Álvarez Valenzuela confirmaría que en Tlaxcala hay funcionarios poco informados y valemadristas.
En unos días más se sabrá si el caso de la denuncia resultó ser un petardo o una bomba. En dos semanas se conocerá si Sergio González hizo bien en minimizar el asunto o si su postura resulta totalmente contraproducente para el gobierno de Lorena Cuéllar.
Por lo pronto, bien valdría la pena que el secretario de Gobierno dejara tantito su oficina y se diera una vuelta por otras dependencias estatales para enterarse de otras denuncias de acoso sexual que podrían hacerse públicas, como por ejemplo en la oficina de los Centros de Reinserción Social (Cereso) donde un jefe recurre a conductas lascivas que ya tienen harta a varias trabajadoras.
Otra declaración poco afortunada es la que recientemente emitió el mediocre diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Lenin Calva Pérez, quien apoyado según él, en un sesudo un análisis lógico jurídico, sólo en tres ayuntamientos los presidentes de comunidad no tienen derecho a voto porque así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una sentencia emitida para resolver una controversia constitucional que promovieron tres alcaldes tlaxcaltecas.
Los ayuntamientos en donde según ese maestro de educación física los presidentes de comunidad tendrán voz, pero no voto son Tlaxco, Contla y Yauhquemehcan, situación que resulta aberrante porque ahora resulta que en Tlaxcala una resolución sólo podrá ser efectiva en esos cabildos y en los demás donde exista la figura del cuarto poder si estarán en posibilidades de ejercer su derecho a emitir su voto en las decisiones de esos cuerpos colegiados.
Ahora resulta que en la entidad habrá presidentes de comunidad de primera y presidentes de comunidad de segunda, sólo porque ese limitado y torpe diputado local no tiene la capacidad para proponer una solución definitiva ese problema, el cual tarde o temprano se traducirá en conflictos en los ayuntamientos tlaxcaltecas porque después de dos meses los roces y desacuerdos entre regidores y presidentes de comunidad con los alcaldes son más frecuentes.
Esperemos que la cordura e inteligencia se aparezcan en el Congreso del Estado y se opte por realmente dar una solución definitiva a la controversia que existe en torno a si los presidentes de comunidad pueden o no votar en los cabildos, porque no resulta sano esa situación que afecta la vida política y administrativa de los ayuntamientos.
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