El problema de las 37 plazas generadas en el Congreso del Estado hace tres legislaturas está lejos de resolverse y finiquitarse como erróneamente lo han manejado los actuales diputados locales, porque legalmente no existen elementos ni condiciones para llevar a cabo una supresión de esos espacios laborales que pertenecen al Sindicato “7 de Mayo”.
Los abogados del Poder Legislativo y sus jefes se equivocan si piensan que las plazas van a desaparecer y que sólo deberán pagar liquidaciones correspondiente de julio a octubre de este año, tiempo en que trabajó ese nuevo personal y en el cual cobró sus salarios y compensaciones, porque en realidad las plazas se autorizaron entre el 2015 y el 2016 por los diputados priistas encabezados por el ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, el fallecido Florentino Domínguez Ordoñez y la hoy morenista Contralora del Ejecutivo, Eréndira Cova Brindis.
Fue entonces que la Legislatura comandada por el también priista Mariano González Aguirre no reconoció el total de las basificaciones porque sólo aceptó 3 de las 37, lo que inició un pleito legal que terminó dándole la razón al Sindicato “7 de Mayo” que controla Edgar Tlapale Ramírez que, al principio del 2021 y con el fallo de la autoridad laboral a su favor exigió, a la pasada Legislatura controlada por el morenista de ocasión pero priista de corazón Rafael Ortega Blancas, el pago de 47 millones de pesos y la asignación de los espacios, porque de lo contrario no sólo se irían a paro los burócratas sindicalizados, sino que embargarían las cuentas bancarias del Congreso del Estado.
Por esa razón se estableció una negociación y se acordó que el Sindicato “7 de Mayo” se quedara con 12 espacios y los 22 restantes fueran repartidos entre los diputados salientes que cayeron en la tentación de otorgarlos a sus hijos, sobrinos, esposas, amigas y otros conocidos, evitando la huelga y el embargo de las cuentas, sin embargo esa voracidad fue la que provocó la molestia de los actuales legisladores que sin tener la realidad completa de las consecuencias legales de sus decisiones, optaron equivocadamente por “liquidar” esas basificaciones que jurídicamente no podrán conseguirlo.
La disque solución encontrada a ese conflicto laboral es temporal y conforme se litigue el caso los diputados morenistas Rubén Terán Águila y Vicente Morales Pérez, presidentes de la Junta de Coordinación y Concertación Política y del Comité de Administración del Congreso del Estado, respectivamente, comprobarán que la medida adoptada no fue la correcta porque el adeudo que reclamaba el Sindicato “7 de Mayo” se incrementará y al final tarde o temprano tendrán que aceptar esos espacios laborales.
La ley es muy clara y para concretar la supresión de plazas es indispensable que se generen ciertas condiciones y elementos, los cuales no se están dando en la actualidad, de ahí que la actual legislatura bajo el control de Morena y sus aliados como el PT, Nueva Alianza y el Verde Ecologista sólo están evadiendo el problema que podrían heredar a la siguiente legislatura que tendrá que pagar las consecuencias de las malas decisiones que se están tomando en este momento.
El Sindicato “7 de Mayo” difícilmente aceptará perder 37 nuevas plazas que ya fueron reconocidas por las autoridades laborales. Litigará en tribunales y esperará el tiempo que sea necesario para poder disponer de esos espacios.
La semana pasada se llevó a cabo una reunión para tratar de encontrar una solución a ese problema a la cual asistió, aunque parezca burla, el diputado priista Fabricio Mena Rodríguez, hermano del creador de esas plazas, el ex gobernador Marco Mena, así como el delicado Bladimir Zainos Flores que se benefició con un espacio y logró meter a trabajar a su tía en el área de la cocina. También estuvo el actual jefe de los legisladores locales Rubén Terán y el líder del mencionado sindicato Edgar Tlapale.
Al final no hubo ningún acuerdo y el pleito laboral se mantendrá por unos meses. Los diputados locales andan presumiendo que ya ganaron y que procederán a la cancelación de esas plazas, pero podrían llevarse una terrible decepción cuando comprueben que su propósito no podrá ser concretado porque sencillamente no les asiste la razón jurídica. Al tiempo.
Decepciona nombramiento de Víctor Enrique Montiel
Muy mal cayó al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado y entre la clase política la designación de Víctor Enrique Montiel Ramos como nuevo director de la Policía de Investigación, no sólo porque carece de experiencia y nulos conocimientos para realizas pesquisas, sino por su gris trayectoria y capacidad.
Víctor Enrique Montiel fue fundador de la Policía Municipal de Tlaxcala y antes de meterse a las labores de gendarme era dueño de una peluquería. Es un hombre de edad que difícilmente podrá controlar a los rebeldes policías de investigación.
Nadie le reconoce ningún mérito o experiencia. Intentó poner un grupo privado de policía vecinal en la Loma de Xicohténcatl que nunca prosperó. Sobre él pesarían acusaciones de corrupción relacionadas con el extravío de patrullas y armamento.
También se le acusa de ser el responsable de haber dejado a 15 policías municipales basificados en la administración de Lorena Cuéllar, entre ellos el actual jefe de policía capitalina que divide su tiempo en no hacer nada y echar novio con una cercana colaborada del alcalde Jorge Corichi Fragoso, misma que está convertida en una buena informante sobre los movimientos del torpe morenista.
Los días pasan y la procuradora Ernestina Carro Roldán no da una en esa dependencia, donde los colaboradores del ex titular de la PGJE, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, siguen haciendo de las suyas sin que nadie les ponga un alto.
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