Aunque nadie en el gobierno del estado le ha puesto la atención que merecen los penales de Tlaxcala, valdría le pena que la titular de la Secretaría de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, se diera una vuelta para preguntar como se encuentra el ambiente entre los custodios y reclusos, porque el malestar contra las autoridades carcelarias va en aumento.
Una bomba de tiempo es la que existe en los penales de Tlaxcala y Apizaco, ya que los custodios e internos están cansados de los abusos que comete el director general de Previsión y Reinserción Social, Jesús Herrera Moreno.
El funcionario que forma parte de la pésima herencia que dejó el ex gobernador Mariano González Zarur, se siente intocable y su actitud prepotente es más que evidente al tratar con agresión y groserías a los responsables de vigilar el orden en los mencionados penales.
Las anomalías en ambas cárceles son la constante, pues dicen que el ingreso de drogas, alcohol y teléfonos celulares es posible gracias a la complicidad que existe entre algunos internos y un grupo de custodios cercanos a Jesús Herrera, quien no se cansa de gritar que es la máxima autoridad y que goza del respaldo del gobernador Marco Mena.
Otra de las irregularidades tiene que ver con el funcionamiento del inhibidor de señal de celular que casualmente se enciende o se apaga cuando el influyente funcionario lo ordena, en complicidad con el director del penal de Apizaco, Armando García Muñoz.
Jesús Herrera y Armando García han ocultado diferentes riñas al interior del Cereso de Apizaco, pues cuando se registra una pelea de inmediato amenazan a los reos que estuvieron involucrados y al resto de los presos para que no comenten nada a sus familiares a fin de evitar que trasciendan esos hechos violentos.
La influencia de Herrera Moreno también se refleja entre los vendedores ambulantes que se instalan en los alrededores de las cárceles, a quienes les pide una cuota para que puedan llevar a cabo su actividad y según la versión de los custodios entre esos comerciantes hay quienes se dedican a vender droga que termina en mano de los reclusos.
Lo interesante del asunto es que la que se dice impoluta magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mary Cruz Cortés Ornelas, sabe perfectamente de esas irrgularidades que no sólo avaló sino que protegió cuando tuvo bajo su responsabilidad los penales de Tlaxcala y Apizaco.
Y sabe porque a Armando García se le permiten tantos abusos, porque el habría sido el responsable de integrar todos los expedientes que se armaron contra los ex policías que al inicio de la administración de Mariano González Zarur se inconformaron y fueron encarcelados y despedidos por supuestos ilíctos que no cometieron.
Imagínese que fichitas tenemos como responsables de los penales.