Con la novedad de que el gobierno del estado le contrató a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2024-2030, en la cantidad de 1 millón 534 mil pesos.
El proyecto tuvo como líder al profesor de la Facultad de Economía de la BUAP, doctor en Desarrollo Económico Sectorial Estratégico por la UPAEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-1), Adolfo Federico Herrera García.
La revisión del PED se centró en la evaluación específica del diseño, el diseño del programa presupuestario y la prestación de servicios de asistencia social para el bienestar de la familia.
La contratación se hizo bajo el modelo de convenio de colaboración entre la BUAP y la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
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Una cuestión que llama la atención del PED 2024-2030 en el Eje 5 Gobierno Transformador y de Resultados, subtema Anticorrupción, es el tamaño del reto y el compromiso para disminuir la percepción de corrupción que existe sobre las dependencias del gobierno del estado.
El documento sostiene en sus páginas 117 y 120 que el 87.8% de la población de 18 años y más cree que en Puebla los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en las instancias de gobierno.
En la página 141 establece que la problemática para atacar la corrupción tiene cuatro puntos débiles: 1) La brecha tecnológica y administrativa entre dependencias; 2) El bajo nivel de evaluación de desempeño de los servidores públicos (sólo el 50%); 3) La escasa interoperabilidad digital y de los sistemas de planeación unificados; y 4) La débil cultura de transparencia y rendición de cuentas en municipios.
El objetivo del subtema anticorrupción es impulsar un buen gobierno basado en los principios del humanismo mexicano, comprometido con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
La meta de este objetivo, prevista para 2029, es bajar la tasa de prevalencia de corrupción a 11,200 casos por cada 100 mil habitantes.
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Ojalá en la comparecencia de este martes del secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, ante el pleno del Congreso del estado, algún diputado lo cuestione sobre algunas universidades cua cuá que vienen otorgando grados de licenciatura, maestría y doctorado, pese a que sus RVOES arrastran serios problemas e inconsistencias.
Entre ellas el Instituto de Estudios Universitarios (IEU) y el Instituto Azteca de Formación Profesional, del que fue rector y representante legal su actual Oficial Mayor, Iván García Pérez.
Y ya en esas preguntarle al secretario por qué la información académica o profesional de su Oficial Mayor no coincide con la reportada por la SEP federal y la que el funcionario proporcionó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado.
En los datos que Iván García entregó a la Secretaría Anticorrupción dice contar con licenciatura, maestría y doctorado de la Escuela Libre de Derecho, grados en los que se habría titulado en 2005, 2009 y 2023, respectivamente.
Sin embargo, en el portal de profesiones de la SEP el Oficial Mayor sólo aparece como licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho en 2006 y como doctor en Educación del Instituto Universitario Boulanger en 2023.
Estas mismas inconsistencias se reflejan en su declaración patrimonial del año pasado, en la que oculta la adquisición de un Jeep Grand Cherokee 2025 con placas del estado de Tlaxcala.
En su declaración de bienes ante la Secretaría Anticorrupción sólo reporta dos unidades: un Mini Cooper 2023 y una camioneta Ford Terrytory del mismo año.
Pero del Jeep nada de nada.
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