Una institución de educación superior que se abrió de manera irregular en Puebla durante 2018, en el gobierno de José Antonio Gali Fayad, pero que ha logrado mantenerse a pesar de la estrepitosa caída de su matrícula escolar y otros problemas derivados de sus RVOES, es el Instituto Azteca de Formación Empresarial.
La operación de esta universidad debe investigarse por varias razones, entre las que en su momento argumentó el jefe del Departamento de RVOES de la SEP del estado, Mauricio Mateo Chino.
Pero además porque tiene como egresados a políticos y funcionarios del actual régimen, que difícilmente podrían demostrar y acreditar cómo obtuvieron las licenciaturas, maestrías y doctorados que hoy presumen.
El rector y representante legal del Instituto Azteca de Formación Empresarial fue Iván García Pérez, quien hoy es el Oficial Mayor de la SEP y uno de los candidatos que podrían suceder a su jefe, Manuel Viveros Narciso.
Iván García Pérez, al igual que el coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier, José Luis García Parra, es sobrino político del ex gobernador Mario Marín Torres.
De esta institución, que estuvo a punto de cerrar el ciclo escolar anterior, han egresado casi 4 mil alumnos de 27 diferentes programas de licenciaturas, maestría e incluso doctorado que se abrieron de manera irregular, con documentación incompleta, domicilios y representantes legales que no son los de su acta constitutiva o no corresponden con los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOES) que le fueron autorizados al final del gobierno de Gali Fayad.
Entre sus distinguidos egresados figuran el secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, quien habría obtenido el título de Licenciado en Derecho y Litigación Oral, y el secretario particular del titular de la SEP, Manuel Viveros Narciso, Uriel Ortiz Aguilar, quien se doctoró en Educación.
Qué tan confiable puede ser un funcionario que gestionó y obtuvo en forma irregular RVOES, que facilitó el egreso y titulación de líderes sindicales del SNTE y otros sindicatos magisteriales, y de políticos del PRI y de Morena sin que éstos realmente hubieran cursado y acreditado los estudios profesionales con que hoy se ostentan.
El tema no es menor pues se trata del Oficial Mayor de la SEP, la dependencia que ejerce el mayor presupuesto del estado y del funcionario encargado de la administrar los recursos de la Secretaría y de comprar y contratar los bienes y servicios que ésta requiere para el desarrollo de sus actividades.
Otra institución que también se ha dado a la tarea de otorgar títulos profesionales como si fueran larines es el Instituto de Estudios Universitarios (IEU).
Del IEU son egresados el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, como licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas, y el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, Pedro Antonio Martínez Hernández.
Pero esa es otra historia, que pronto retomaremos.
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Y como si no estuviéramos mal en materia educativa, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes la propuesta del ex presidente López Obrador para que las plazas docentes de primaria, secundaria y preparatoria se otorguen sin necesidad de pasar por un examen o concurso de oposición.
Al validar la reforma educativa del sexenio anterior, el máximo tribunal del país, los nuevos ministros aprobaron que en el otorgamiento de plazas magisteriales los egresados de Normales Públicas tengan prioridad, pero sin pasar por un concurso de oposición.
Si así los líderes del SNTE y la burocracia dorada de la SEP se han repartido a discreción las plazas, se imagina qué sucederá ahora que la SCJN validó esta mal llamada reforma educativa.
¡Pobre México! No
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