Son varios los colaboradores del secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Raúl Alfredo Gómez Palacios, que no se pueden quejar de cómo cierran el año, a juzgar por sus vacaciones en el extranjero.
El primero de ellos es su secretario particular Alcides Martín Arriaga, quien enfrenta acusaciones de tráfico y venta de plazas en la Secretaría de Educación Pública del estado. Se fue de vacaciones a Nueva York y las presume en sus estados de WhatsApp.
Alcides Martín favoreció a finales del año pasado a una sobrina suya, María Dolores Arriaga Macip, a quien le gestionó una plaza administrativa de analista especializado “C” en la escuela Carlos Camacho del municipio de Tlatlauquitepec.
Otra cercana del líder seccional que también tuvo oportunidad de viajar al viejo continente es Arith Bando Cruz, quien ocupa la Secretaría de Trabajo y Conflictos de Bachilleratos Generales, en lugar de la profesora Claudia Susana Luna Salgado.
Ella se dejó ver en algunas ciudades de Alemania, entre ellas Bansin, que es uno de los centros turísticos más populares de la costa báltica alemana.
La última es Itzel de la Rosa Atenco, coordinadora de Organización en la región de Libres. Es subordinada del secretario de Organización IV de la Sección 51 del SNTE, Francisco Javier Rivera Carreón.
Itzel optó por vacacionar en Cartagena, Colombia, según la foto que ella misma subió a sus redes sociales.
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¿Licitaciones legales? ¡Si, cómo no!
El nuevo enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del gobierno del estado, Jorge Ravelo, nos hizo llegar el fin de semana una carta —no aclaratoria, pues no aclara nada—, donde se precisa que “Todos los procesos de contratación de bienes y servicios se realizan en estricto apego a la legalidad”.
¿Qué de legal y confiable puede ser una licitación pública nacional para la adquisición de vestuario y uniformes para los trabajadores de los Servicios de Salud del Estado si entre el fallo de la misma y la entrega de las prendas sólo median cinco días hábiles?
¿Qué fabricante o comercializadora que no haya sido previamente contratada puede surtir en estas fechas decembrinas 105 mil prendas a más tardar el 31 de diciembre, considerando que fallo de este procedimiento se comunicó a la empresa ganadora el martes 23 de diciembre?
En verdad alguien cree que la empresa ganadora de la licitación —la Comercializadora de Productos en Insumos del Golfo SAPI de C.V.— puede comprar y surtir en escasos ochos días a los Servicios de Salud del Estado de mil 663 batas de color blanco para personal femenino e igual número de pantalones femeninos para el personal médico residente, mil 371 batas del mismo color para el personal masculino y el mismo número de pantalones para los médicos residentes varones, así como 5 mil 570 chazarillas y 5 mil 494 pantalones femeninos, y 2 mil 217 conjuntos de uniformes quirúrgicos.
Además de mil 871 piezas de pantalón de corte femenino, 61 chazarillas para hombre, 2 mil 478 camisas para mujer, 87 chazarillas adicionales femeninas, mil 618 playeras tipo Polo para hombre, 5 mil 556 chalecos femeninos, un número igual femeninas suéteres para mujer y 593 pantalones de uso rudo unisex, 49 conjuntos de chamarra y pantalón tipo pants corte unisex, 316 gorras de seis gajos, un número igual de mochilas, 3 mil 781 pares de zapatos tipo choclo para caballero y 3 mil 551 pares de zapatos tipo mocasín para damas.
¡Por favor!
Lo que no sorprende de esa licitación, marcada con la clave GEP-SPFA-LPNF-009-836/2025, es que la haya ganado la empresa de un conspicuo marinista Jorge Mendoza Velarde, y que el contrato de la misma ascienda a 24 millones 442 mil pesos.
Pero se acabaron los moches y la milpa.
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