Aunque en la Secretaría de Educación Pública tratan de justificar el otorgamiento de la plaza de profesor de tiempo completo titular C a la prima de Laura Artemisa García Chávez, Elsa Patricia Chávez Lemus, con el argumento de que su cambio se instruyó en el gobierno anterior, lo cierto es que el movimiento está firmado por el actual director de Recursos Humanos de la dependencia.
Según el oficio 6015663/25 del 23 de octubre de este año, dirigido a la CORDE de Chignahuapan y firmado por Luis Ángel Carrasco en su calidad de director de Recursos Humanos, ese movimiento de personal obedeció a una indicación del Ejecutivo estatal.
“Alejandro Armenta Mier, gobernador constitucional del estado, en uso de las facultades que le concede la fracción XXI del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, dispone que surta efecto el siguiente movimiento de personal: alta de ocupación de plaza vacante a favor de Chávez Lemus Elsa Patricia”.

No está de más mencionar que el otorgamiento de esta plaza de profesor de tiempo completo titular C a la prima de la secretaria de Bienestar del estado fue la causa de la manifestación de protesta que este jueves realizaron profesores normalistas en las oficinas centrales de la SEP, en demanda de que se liberen las plazas de educación superior congeladas desde hace 10 años, y de la reunión urgente a la que fueron convocados los representantes de la Sección 51 del SNTE con el secretario Manuel Viveros Narciso, y que hasta el cierre de esta columna todavía continuaba.
Y también de la crítica que hoy hizo el gobernador Armenta al que fuera secretario de Educación Pública en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, Jorge Estefan Chidiac, al que responsabilizó de los problemas que su administración heredó en materia educativa por acciones incorrectas en la entrega de plazas y la recategorización de claves.
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Alfredo Gómez Palacios, sin autoridad moral
Un líder sindical que no tiene mucha autoridad para reclamar a la SEP la entrega de plazas docentes, la liberación de las categorías de titular C de tiempo completo y la reposición de las horas que tenían maestros de tiempo completo que se jubilaron o murieron, es el secretario general de la Sección 51 del SNTE, Alfredo Gómez Palacios.
Alfredo Gómez favoreció a su jefa de prensa Cristina Martínez Larenas, a la que primero le mejoró la plaza que tenía desde 2015, que obtuvo con Rafael Moreno Valle, de educación media superior de 3/4 como Asociado A, la E472300.0000842 en el Bachillerato Cadete Juan Escutia de la ciudad de Puebla, y en mayo de 2025 una plaza de tiempo completo titular A de nivel superior, la E781300.0001192, adscrita a una Supervisión en Media Superior de Capacitación y Tecnología con clave de centro de trabajo 21QZW0013D.
En su primera plaza su sueldo era de 14 mil 712 pesos mensuales, y en su actual plaza gana 28 mil pesos mensuales.
Otro consentido del dirigente de la Sección 51 del SNTE es René Jaimez Lemini, quien en 2024 tenía una plaza de administrativo de Educación Básica, la A01180300.0000534.
Este personaje se incorporó a la nómina de la SEP en 2021, gracias al secretario de Trabajo y Conflictos de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, José Luis Fernández Tenorio.
Actualmente René Jaimez tiene otra clave homologada, IA0801600.0 000435, adscrita al centro de trabajo 21HOS4034D en el Centro Escolar José María Morelos y Pavón de la ciudad de Puebla, pero al que rara vez acude, pues en realidad se la pasa en su casa o restaurante Buena Vista de Ayotoxco, cuidando sus caballos.
Jaimez Lemini es hermano de Karina Jaimez Lemini, directora de Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, y actual pareja de José Luis Fernández Tenorio, quien es parte del grupo compacto de Alfredo Gómez
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Los cambios y remociones de fiscales especiales que hizo la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, no obedecieron a su compromiso con la legalidad, la ética y la integridad institucional, y tampoco a su determinación de combatir la corrupción y conductas contrarias al servicio público.
La verdad es que el despido de Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez, de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, le fue instruida por un juez, que supo de cómo aquellos usaban su cargo para extorsionar a empresarios.
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