En la Fiscalía General del Estado (FGE) todavía podrían rodar más cabezas como consecuencia de las denuncias de extorsión de que son víctimas varios empresarios poblanos.
De hecho fuentes cercanas al caso aseguran que en el transcurso de las próximas horas o siguientes días podría dejar las instalaciones de la FGE el exesposo de Idamis Pastor Betancourt, Guillermo Méndez Chávez.
Su remoción sería sin duda un golpe certero a la mafia de funcionarios ministeriales que llegaron del Estado de México de brazo de él ocupando las principales fiscalías especiales y unidades de investigación y administrativa, incluidos los tres funcionarios que renunciaron los últimos días de octubre.
Me refiero a Luis Antonio León Delgadillo, Fiscal Especializado de Investigación en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), Miguel Islas López y Jorge Malvaez Rodríguez, titular y coordinador de Investigación de la Fiscalía de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, todos ellos procedentes del Edomex.
Para ningún funcionario o directivo de la FGE es desconocido que Guillermo Méndez Chávez es el verdadero poder tras el trono de la fiscal Idamis Pastor y que en la oficina de éste, en lo que antes era la Sala de Crisis de la institución, se toman las principales decisiones ministeriales y de “procuración de justicia”, así como administrativas y financieras relativas a la adquisición de bienes y servicios, y la contratación de servidores públicos y proveedores.
Para ninguno de éstos pasa inadvertido que el exmarido no solo dispone de una oficina, escoltas, una camioneta y lugar en el estacionamiento del edificio central, sino que además ejerce mando sobre fiscales especiales, policías ministeriales y funcionarios administrativos como el Oficial Mayor, Jonathan David Sánchez Gómez, el jefe Oficina de la fiscal general, Miguel Ángel Pérez Lugo, y el titular del Órgano Interno de Control, Roberto César Nepomuceno Dionisio.
La gran pregunta: ¿en calidad de qué, de jefe de asesores, de consejero o de procurador plenipotenciario?
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Dos prepas de la BUAP arrastran conflictos poselectorales
Aunque las elecciones de director en ocho unidades académicas de la BUAP ya se efectuaron, desde el jueves 9 de octubre en algunas todavía hay problemas porque una de las partes no acepta los resultados.
En la preparatoria Alfonso Calderón Moreno, donde logró reelegirse por cuatro años más la directora Juana Concepción Meneses Juárez, este lunes habrá suspensión de actividades en demanda de la renuncia de ésta.
La inconformidad de un sector amplio de estudiantes y de algunos profesores radica en que la directora se había comprometido y firmado —el miércoles 19 de marzo de este año— un escrito en contra de la reelección.
En la preparatoria se han efectuado diferentes protestas y manifestaciones, en las cuales los alumnos han denunciado anomalías y casos de abuso sexual y violencia de género, que han sido tolerados o solapados por la directora como el cometido por el hijo de una docente.
Las votaciones en la preparatoria Alfonso Calderón se llevaron el cabo el 28 de octubre, y un día antes se realizó la primera protesta, en ese entonces contra su reelección.
Actualmente despacha como director interino de esa unidad Jorge Pinto.
Otra preparatoria donde también hay conflicto es en la Enrique Cabrera Barroso urbana, donde la directora Alma Lilia Varela Olguín, quien buscaba su reelección para un segundo periodo de cuatro años, no acepta su derrota.
Las protestas de Alma Varela van encaminadas a retrasar la toma de protesta de la directora electa Rosario García Viveros o a que ésta acepte integrar en su equipo directivo a gente de aquella, so pena de no dejarla trabajar o desestabilizar su gestión.
Alma Varela se siente empoderada por el apoyo que dio a su campaña quien fuera secretario general de la BUAP, José Manuel Alonso Orozco.
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