Un personaje que ya pagó la opacidad que priva en la LXII Legislatura del Congreso del Estado es el titular de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, Hervey Rivera González.
Este lunes fue despedido y escoltado hasta las puertas del recinto legislativo.
Trascendió que el despido del politólogo egresado de la UNAM obedeció al bajo nivel de cumplimiento que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIPUE) le dio al Congreso de Puebla en su más reciente evaluación, después de que el año pasado tuvo un nivel de cumplimiento del 100%.
Fuentes cercanas al caso revelaron que Hervey Rivera en realidad fue el chivo expiatorio, pues la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo no pudo cumplir con varias obligaciones por la negativa de funcionarios y diputados de la actual Legislatura de transparentar no sólo su patrimonio, sino sus actividades y el destino de recursos públicos que reciben por concepto de apoyo parlamentario.
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Otro funcionario al que este día le dieron las gracias en la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado es el director general de Capital Humano, Erick Fernando Ramos Soriano.
Se sabe que el funcionario, que viene de la gestión del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aunque antes ya había ocupado el mismo cargo en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido por recomendación de Jorge Estefan Chidiac, tenía abiertos algunos procedimientos de responsabilidades.
Fernando Ramos trabajó también en el Banco del Bienestar de la Ciudad de México como subordinado de Gabriela García Maldonado.
Antes de ser despedido, el director de Recursos Humanos autorizó el pago de un bono trimestral para este jueves, equivalente a un mes de salario, para 100 empleados de su área.
El año pasado, en la gestión de Sergio Salomón, Fernando Ramos operó junto con la subsecretaria de Administración, Ana Silvia Santillana, la contratación directa de Toka Internacional SAPI de CV para la dispersión de millones de pesos a través de monederos electrónicos para pagar la prestación de canasta básica a los burócratas del estado.
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