La necedad de imponer a la exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Idamis Pastor Betancourt, al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo va a deslegitimarla, lo mismo que a las autoridades que intervienen en su designación: el gobernador Alejandro Armenta Mier y los diputados de la LXII Legislatura.
La legislación vigente no sólo establece que los magistrados electorales que concluyan su gestión están impedidos para asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, sino ser designados por los poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado.
En otras palabras, se trata de un impedimento dirigido a dos actores: a los magistrados electorales que concluyen su gestión, como Idamis Pastor, y a las autoridades surgidas de la elección que aquellos calificaron, como el gobernador y los diputados locales.
La presidenta de la Junta de Gobierno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, que este martes salió a defender la postulación de la expresidenta del TEEP, sólo está viendo e interpretando de manera sesgada el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero no la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
En las dos primeras legislaciones ciertamente se estipula que los magistrados no pueden asumir un cargo público que emane de las autoridades en cuya elección hayan participado, lo que dejaría fuera a la Fiscalía General del Estado, que hipotéticamente es un órgano autónomo.
Pero la Ley General en Materia de Delitos Electorales no sólo prohíbe a estas autoridades designar a magistrados que hayan intervenido en su elección en cargos públicos, sino sanciona con 400 a 800 días de multa a las que sí lo hagan.
Cito textualmente su artículo 18: “Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días de multa a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo, cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo”.
La titularidad de la Fiscalía General del Estado es un cargo público en cuya designación están interviniendo los diputados de la LXII Legislatura del Congreso del estado y el gobernador Alejandro Armenta Mier, que emanaron justamente de los comicios de junio pasado, cuando Idamis Pastor no sólo era magistrada sino la presidenta del Tribunal Electoral del Estado.
Por lo anterior y apegándonos a lo que este martes declaró la diputada morenista Laura Artemisa, en el sentido de que el Congreso no se arriesgaría a realizar una propuesta ilegítima, que violentara el Estado de Derecho y la normatividad vigente, que la postulación de Idamis Pastor se retirara.
De paso evitaría dos cosas: una, que el nuevo o la nueva fiscal surgiera deslegitimado o deslegitimada y, dos, ser sujeta ella y sus compañeros diputados a una sanción que fluctuaría entre 400 y 800 días de multa.
Es cuanto.
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