Celina Peña Guzmán parece ser la nueva carta que el gobierno del estado impulsará a la presidencia municipal de Puebla después de que la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, no logró posicionarse como se esperaba a pesar de los millones de pesos que se le invirtieron en actos de pre pre campaña, espectaculares, medios de comunicación y redes sociales.
En ese contexto hay que leer la concentración disfrazada de conferencia que la mañana de este domingo le organizó la Red Estatal de Mujeres Armentistas (REMA), con el apoyo del secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, a la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del gobierno federal, Celina Peña Guzmán, en el Centro de Convenciones de Puebla.
Y sus declaraciones en el sentido de que no se descarta como contendiente en las próximas elecciones: “Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, ni digo que voy o no voy, para mí no son tiempos políticos”.
La operación para acarrear gente a su ponencia, para que las organizadoras pudieran destacar su trayectoria académica y ella exponer su compromiso de servir a la Cuarta Transformación y a los poblanos, para que al Salón Analco acudieran la presidenta del Comité y el presidente del Consejo Estatal de Morena, y para que los medios la cuestionaran sobre sus aspiraciones de cara a los comicios del 2027, tuvo un claro propósito.
Mandar el mensaje de que el armentismo estaría cambiando de carta, es decir, reemplazando a la maestra Laura Artemisa, el Plan “A” como aspirante a la presidencia municipal de Puebla, por la actual subsecretaria federal en virtud de que aquella no logró crecer en las encuestas o posicionarse en los primeros lugares en los rubros de conocimiento e intención de voto.
Otro factor que podría haber jugado en contra de la maestra son las diferencias que tuvo con el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, y en particular con el operador de éste en la Secretaría de Bienestar, Edgar Chumacero Hernández, coordinador general del Programa de Obra Comunitaria.
***
Jueza acusa dilación de la Judicatura y denuncia a magistrada Araceli Cabido
Un asunto que tiene pendiente de resolver el Consejo de la Judicatura es la queja que la jueza Sandra Lucía Perea Iturriaga presentó hace siete meses en contra de una de sus integrantes, la magistrada Araceli Cabido Vaillard, por su suspensión y porque a pesar de haber obtenido un amparo no la reinstalan ni le pagan los salarios que le adeudan desde hace 16 meses.
La jueza fue acusada junto con el secretario y diligenciario del Juzgado Mixto de Tecamachalco por supuestos hechos ilegales dentro del expediente 1166/2019.
Dicha queja —promovida por el abogado Paul Mendieta Cordero, el 20 de febrero de 2020, sin ser parte ni tercero interesado en ese juicio— fue analizada por el Consejo de la Judicatura, que la desechó debido a que sus acusaciones no fueron probadas, dándose por concluido ese proceso, pero sólo por cuanto hace al secretario y el diligenciario.
A petición de la magistrada Araceli Cabido, el Consejo suspendió de sus funciones a la jueza Sandra Lucía Perea el 4 de octubre de 2024, pero ahora por otro motivo: haber cancelado un embargo trabado por el Juez Primero Civil de Cholula sobre un inmueble ubicado en esta demarcación.
La jueza sí ordenó la cancelación de este embargo, después de que las partes en el juicio ejecutivo mercantil 1166/2019 llegaron a un acuerdo, y el agraviado Manuel Márquez Gutiérrez pudo cobrar el adeudo por el cual había promovido la retención de esa propiedad.
El malestar de la jueza suspendida —quien ya incluso presentó denuncias en contra de la magistrada Araceli Cabido ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del estado por delitos cometidos en contra de la administración de justicia y abuso de autoridad— es la dilación del Consejo de la Judicatura por reinstalarla y cubrirle la totalidad de su salario.
Y es que desde que fue suspendida, Sandra Lucía Perea sólo cobra el 30 % de su salario.
***
Detienen por narcomenudista a empleado del edil de Zongozotla
Uno de los empleados del ayuntamiento de Zongozotla, que hace unos días fue sorprendido y grabado en compañía del presidente municipal Joel Hernández Zaragoza en una cantina de este municipio serrano, fue detenido e imputado por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro.
Se trata del empleado Víctor Hugo Cruz Salazar, del área de Servicios Públicos, quien fue detenido el viernes 13 de marzo al salir de la tienda Chedraui de la colonia Agua Santa de la ciudad de Puebla
Los delitos por los que es acusado constan en la carpeta judicial 829/2026/Puebla.
***
Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e–consulta.com
