Si las investigaciones del Congreso de Puebla en torno a la que fuera titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, se limitan a la adquisición de una camioneta blindada Chevrolet Tahoe modelo 2023, en 2 millones 897 mil pesos, y a la compra de alimentos para el personal en 984 mil pesos al proveedor María del Carmen Jacqueline Hernández Tobón, la exfuncionaria no tiene nada de qué preocuparse.
Cuando mucho será sancionada con una multa y una amonestación por ambas adjudicaciones directas, pero librará cualquier procedimiento encaminado a su inhabilitación como servidora pública.
De entrada, la compra de la camioneta con blindaje nivel 3 plus a la empresa SUMACORTEC, S.A. de C.V., en mayo de 2023, es totalmente injustificada pues la ASE contaba con una unidad seminueva con el mismo tipo blindaje que no tenía ni 20 mil kilómetros.
Se trataba de una Jeep Grand Cherokee con blindaje nivel 3 y que tuvo un costo 1.4 millones de pesos, pero que Amanda Gómez no quiso usar por haber sido el vehículo de su antecesor Francisco José Romero Serrano.
Llama la atención que el Congreso de Puebla, a través de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE no haya dicho nada sobre la complicidad en la que Amanda Gómez Nava habría incurrido, primero como secretaria de la Función Pública del gobierno de Miguel Barbosa Huerta y luego como auditora superior sobre la pérdida de 606 millones de pesos que dejó la inversión en Accendo Banco en junio de 2021.
Antes de que Amanda Gómez renunciara a la ASE, lo que ocurrió el 27 de octubre de 2023, se daba por sentado que la contralora del gobernador Miguel Barbosa enfrentaría al menos dos procedimientos administrativos o penales por sus omisiones como secretaria de la Función Pública en la pérdida de 606 millones de pesos con Accendo Banco y un hoyo fiscal de 722 millones de pesos por impuestos no entregados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A dos años de distancia, nada de eso ha sucedido. Tampoco se sabe qué ha pasado con más de tres denuncias penales que en la gestión del gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes se presentaron para deslindar responsabilidades en el daño patrimonial que dejó la quiebra de Accendo Banco y la fallida inversión de 606 millones de pesos, autorizada en su momento por la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, y el subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, con la complicidad de Amanda Gómez Nava.
Como el lector podrá observar, la impunidad en Puebla, en tiempos de la Cuarta Transformación, goza de cabal salud.
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Un guerrerense es el nuevo dirigente estatal del PRI
Este sábado el CEN del PRI finalmente logró hacerse del control de la dirigencia estatal del tricolor en Puebla, desplazando a la diputada local Delfina Pozos Vergara, quien regresó al cargo de secretaria general.
El nuevo dirigente estatal del PRI es el guerrerense Juan José Castro Justo, por instrucciones y maniobras del secretario de Organización nacional, Jorge Armando Meade Ocaranza.
Éste estuvo ayer en la sede estatal del PRI de la Diagonal Defensores de la República. Convocó a todos los miembros del CDE, los reunió en un salón sin teléfonos celulares y les anticipó los cambios.
También les pidió eliminar de sus redes sociales todas aquellas fotos en las cuales aparecieran con el senador Néstor Camarillo Medina y prepararse para la renovación del Comité Directivo Estatal.
Este sábado en estrados electrónicos del PRI se emitió la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia, que establece los plazos del proceso y requisitos que deberán reunir los aspirantes.
Los interesados podrán registrarse el 14 de septiembre y entre éstos trasciende que estarán la diputada local Delfina Pozos y el expresidente municipal de Chignahuapan, Lorenza Rivera Nava “Lenchito”.
El nuevo presidente estatal del PRI, Juan José Castro, ha sido diputado federal en tres ocasiones, senador, candidato a gobernador de Morelos y delegado del CEN del PRI en Veracruz.
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Morena Puebla da nombramientos a su estructura juvenil
Este sábado la simbiosis cada vez más abierta entre el Gobierno del estado y Morena volvió hacerse presente con la entrega de nombramientos de la Coordinación Estatal de Jóvenes.
Dicha Coordinación pretende convertirse de facto en una especie de Secretaría Juvenil de Morena que tendría como dirigente al secretario particular del gobernador Alejandro Armenta, José Ernesto Conde Montaño, en la persona de Maribel Márquez Vázquez.
Dicha Coordinación no es reconocida por los estatutos de Morena, como tampoco lo son los 26 delegados de Enlace Territorial, pero en los hechos ya hace las veces de Secretaría Juvenil del Comité Ejecutivo Estatal de este partido.
Al menos así quedó de manifiesto este sábado, en un salón social de San Pedro Cholula durante la entrega de nombramientos a las representaciones juveniles de Morena en todo el estado, evento que presidieron el gobernador Alejandro Armenta, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, la secretaria del Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, y el coordinador de delegados de la Secretaría de Gobernación, Pablo Salazar Vicentillo.
También acudieron la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, el presidente del Consejo Estatal, Andrés Villegas Mendoza, y César Addi Sánchez Salinas, coordinador de Organización Territorial que tiene bajo su mando las 16 Coordinaciones Operativas Territoriales de Morena en la entidad.
Lo que sí fue notario, por tratarse de un evento celebrado en San Pedro Cholula, fue la ausencia de la presidenta municipal Tonantzin Fernández, de las diputadas federal, Karina Pérez Popoca y local Nayeli Salvatori Bojalil, así como de los consejeros y secretarios del Comité Estatal de Morena como Miriam Ávila Peralta, de Finanzas; Elizabeth Marín Peña, de Mujeres; y Arturo Graciel López Velez, secretario de Organización.
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