La llamada Ley Censura o Ley Ciberasedio deja un saldo muy negativo para el gobierno del estado y sus principales promotores y ejecutores: el gobernador Alejandro Armenta Mier, su coordinador de gabinete José Luis García Parra, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, y los diputados de Morena.
Por esas reformas al Código Penal que no sólo han reprobado organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sino también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya incluso anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad, y los principales comentócratas del país, el gobierno se está desgastando y pagando un alto precio cuando sólo lleva seis meses.
Por la Ley de Ciberasedio la alianza o el pacto de complicidad que la dirigencia panista de Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta Villegas mantenía con el gobernador Alejandro Armenta se ha roto, y lo mismo podría pasar con la relación del gobierno del estado con la Coparmex Puebla.
Con esta última seguramente no se llegará a la ruptura, por el carácter conciliador de su presidenta Beatriz Camacho Ruiz, pero la relación sí experimentará un deterioro, ahora que el sindicato patronal —y otras cámaras y organismos empresariales— se sume a pedir la corrección de las reformas al Código Penal, sino es que su derogación.
Coparmex se reúne con periodistas
En la reunión que este lunes encabezó la presidenta del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) con algunos dueños y directivos de medios de comunicación, la mayoría se pronunció en contra de las reformas al Código Penal, bautizadas como Ley Censura o Ley Ciberasedio.
Los menos críticos fueron Fernando Maldonado, del portal Parabólica, y Carlos Gómez, del portal Contrastes. El primero dijo que en todos los gobiernos siempre ha existido la tentación de la censura.
Erika Rivero Almazán, Carolina Fernández Galindo, Horacio de la Cruz Sabas y Leonardo Torixa, directores de los portales Los Conjurados, El Popular y Región Global y del noticiario radiofónico Tribuna Matutina, criticaron las reformas al Código Penal y en particular la redacción del artículo 480 ,que castiga con cárcel a quien use las tecnologías de la información, las redes sociales, el correo electrónico y los aplicaciones de mensajería instantánea para insultar, injuriar, ofender, agraviar y vejar a otra persona con insistencia.
Coincidieron que la redacción de este artículo es ambigua, vaga, imprecisa y punitiva, porque pone en riesgo la actividad periodística, la libertad de expresión, la libertad digital y el Estado de Derecho.
La presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho, dijo que como abogada también coincidía que las reformas eran imprecisas, que éstas generaban temor no sólo al gremio periodístico, sino a otras voces críticas del gobierno, y que esta sería la posición que llevaría el miércoles a una reunión con la diputada Laura Artemisa con un panel de expertos en asuntos legislativos, de acoso, derechos humanos y digitales y libertad de expresión.
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