La designación del que fuera contralor de Mario Marín Torres en el Ayuntamiento de Puebla y luego en el gobierno del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, como comisionado “ciudadano” del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es una burla y una afrenta a la sociedad civil, que confirma los serios retrocesos que el país y la entidad experimentan en protección de derechos humanos, transparencia, combate a la corrupción y la impunidad, así como rendición de cuentas.
¿Qué sentido tiene crear órganos supuestamente ciudadanos, que en teoría representan y son el vínculo de las organizaciones sociales y académicas ante las instancias gubernamentales, si sólo son de fachada, de mentiritas, de apariencia, pues en los hechos están integrados por servidores públicos o políticos sin prestigio ni reconocimiento profesional?
De los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), incluido Sánchez Ruiz, que a partir del 15 de noviembre sustituirá a la abogada Eira Zago Castro, cuatro provienen de las esferas gubernamentales, a saber:
*Laura Elisa Morales Villagrán era parte de la Consejería Jurídica del gobierno del Estado, además de que fue directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del estado.
*Maritza Méndez Cabrera viene de ser la coordinadora administrativa de la oficina del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con quien laboró también en el Ayuntamiento de Tepeaca como directora de Auditoría.
*Sergio Díaz Sáenz también ha sido servidor público. Fue director general jurídico y contencioso de la Sindicatura Municipal de Puebla y es hermano del asesor jurídico del gobernador Céspedes, Roberto Díaz Sáenz.
*Víctor Manuel Sánchez Ruiz fue durante 40 años funcionario público en la Contaduría Mayor de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Contraloría del municipio de Puebla y la Contraloría del estado, como él mismo lo admitió en su comparecencia ante la Comisión que esta noche lo eligió como comisionado ciudadano del SEA.
Todos ellos deberían ser inelegibles por estar estrechamente ligados al aparato gubernamental, considerando que el Comité de Participación Ciudadana es la única representación de las organizaciones sociales y académicas en el Sistema Estatal Anticorrupción, al que concurren la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía Especializado de Combate a la Corrupción, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura y la Sala Especializada en materia de Responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa.
Las excusas del excontralor marinista
En su comparecencia ante los miembros de la Comisión de Selección, el catedrático de la Ibero Puebla Roberto Alonso Muñoz le preguntó al excontralor marinista por qué no procedió contra uno de los funcionarios más cercanos al exgobernador de Puebla (Javier García Ramírez) que se enriqueció ilícitamente, por lo que ha estado prófugo durante varios años.
La explicación de Víctor Manuel Sánchez Ruiz fue evasiva, lo más que dijo fue que la cobertura de la Contraloría no lo alcanzó. Para luego justificar que él es una persona honrada, que ha trabajado durante 50 años y vive de sus ahorros y ahora de su pensión que no le alcanza y que como exservidor público está expuesto a que la prensa amarillista hable mal de él.
¿Usted cree que un comisionado “ciudadano” con estos antecedentes y con tales excusas va a combatir la corrupción y la impunidad?
¡Claro que no!
Su nombramiento lo único que va conseguir es que el fantasma del Góber Precioso persiga al nuevo gobernador Alejandro Armenta y que la desconfianza hacia el Comité de Participación Ciudadana haga del Sistema Estatal Anticorrupción un ente burocrático, inútil e ineficiente.
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