A ver si el escándalo que desató el comunicado de la Oficina para el Control de los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —que sancionó a Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones financieras del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo destinadas al lavado de dinero y al pago de millones de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la elaboración de fentanilo— no termina alcanzando al gobierno de Puebla.
El riesgo proviene de la vieja relación entre directivos de esta casa de bolsa y funcionarios estatales desde el sexenio de Mario Marín Torres, cuando la administración estatal comenzó a adquirir títulos y acciones en el mercado bursátil a través de Vector.
La transferencia de esos fondos, desde el interior de la hoy Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, fue operada por David Villa Issa. Hoy, sin aparecer directamente, Villa Issa está nuevamente presente a través de algunos de sus antiguos colaboradores que le ayudaron en la transferencia a Vector, y ocupan cargos con responsabilidad financiera en la administración de Alejandro Armenta Mier.
Entre los operadores de Villa Issa que ya han sido activados se encuentran: José Antonio Cué Rivas, en la Dirección de Fiscalización; Juan Saúl Ramos González, en la Dirección de Programación y Presupuesto; e Ignacio Alberto Lozano López, en la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Dichos personajes, por cierto, se han vuelto figuras polémicas al interior de la dependencia. No sólo por su historial, sino por operar filtraciones de información altamente confidencial que han contribuido a generar un clima hostil, como el que ya ha enfrentado el subsecretario de Egresos, Víctor Hugo Domínguez Amado.
El escándalo por las sanciones que esta oficina del Departamento del Tesorero de Estados Unidos impuso a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— tiene en el ojo del huracán al empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, dueño de la casa de bolsa y jefe de la Oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador en los primeros dos años de sexenio.
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Pecadores en el Comité de Ética de la Secretaría de Finanzas
Circula entre los empleados y funcionarios de mandos medios de la Secretaría de Finanzas una encuesta para elegir a los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración para el periodo 2025-2028.
De acuerdo con lo que ha trascendido de este ejercicio, ya se hizo una primera votación, en la cual los más favorecidos fueron los subsecretarios de Ingresos, Marco Polo Sánchez Farfán; de Egresos, Víctor Hugo Domínguez Amado; de Administración, Ángel Pérez Portada; y de Planeación, Ramón Montes Barreto.
Según mi bola de cristal para prácticas esotéricas o adivinatorias, los elegidos serán los que tuercen las licitaciones y concursos del gobierno del estado para la compra y contratación de bienes y servicios en esta administración: Víctor Hugo Domínguez y Ángel Pérez Portada.
Entre los titulares de unidad, coordinadores y directores generales de la dependencia, los candidatos finalistas al Comité de Ética son Pedro Lecona Villa, Mario Sampedro Martínez y Víctor Díaz Flores.
Y los finalistas de los directores de área son Florella Ajuria Galeazzi, Alma Diana García Rodríguez, Oscar Ramírez Argüelles y Milton Carlos Ruiz González.
¿Alguien en su sano juicio cree que los elegidos para integrar el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, de verdad acabarán con el reparto de moches y el riego de la milpa en la Secretaría de Finanzas?
Creo que ni los más ingenuos.
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