Las ejecuciones de tres jóvenes en la Sala de Despecho de Angelópolis, el asesinato del contador Alexandro Tello y su esposa Karina Ruiz, la aparición de cadáveres en fosas clandestinas en las inmediaciones del mercado Morelos y las denuncias que involucran a políticos, presidentes municipales y funcionarios de Puebla con el narco y organizaciones del crimen organizado rivales de La Barredora y el CJNG, explican por sí mismas el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno de Puebla.
Aunque las autoridades locales presumen la baja de algunos delitos, lo cierto es que la percepción de inseguridad va al alza y que la población no cree que Puebla se encuentre hoy mejor con los marinos y militares que encabezan la Secretaría de Seguridad Pública y las policías de los municipios más importantes de la entidad, incluida la capital.
Esta percepción se nutre con datos duros, como el hecho de que en 16 de los 28 municipios donde marinos fungen como secretarios o directores de seguridad los delitos aumentaron durante 2025, sobre todo en algunos del Triángulo Rojo, como Tecamachalco y Acatzingo, y de la Sierra Norte, como Zacatlán.
Otra cuestión que ha contribuido al deterioro de la paz y la tranquilidad social es que los presidentes municipales de Puebla se han desentendido de la seguridad pública, con el falaz argumento del mando único que opera verticalmente el gobierno del estado sin tomarlos en cuenta.
Un factor adicional que tampoco abona a una efectiva estrategia de seguridad son las desafortunadas declaraciones y comunicados de las autoridades locales sobre los ejecutados en el bar Sala de Despecho, los supuestos tamales contaminados de fentanilo y el hallazgo de los cadáveres de Alexandro Tello y su esposa en un paraje de Chignahuapan.
Las autoridades no sólo se han mostrado insensibles y poco solidarias con las víctimas y sus familias, revictimizándolas por supuestos nexos no acreditados con dealers o por estar en un bar en horas de la madrugada, sino que han cometido terribles pifias al boletinar información imprecisa sobre menores de edad de Huauchinango que habrían consumido tamales con fentanilo y al evadir cualquier responsabilidad en el crimen de Alexandro Tello y su esposa, con la machacona aclaración de que éste ocurrió en el estado de Tlaxcala.
A quién le importa si la pareja fue torturada y asesinada en Tlaxcala, si ésta vivía en Puebla, su desaparición se denunció en Puebla y sus cuerpos fueron hallados en la comunidad La Rinconada de Chignahuapan, Puebla.
Qué sentido tiene que el gobierno mande a su ejército de redes sociales a postear que Alexandro Tello y su esposa fueron ultimados en Tlaxcala, en qué cambia la historia; en lugar de eso, la autoridad mejor se hubiera comprometido a esclarecer el crimen, a no dejarlo en la impunidad y a garantizar la manutención de los tres hijos menores que quedaron en la orfandad.
Eso habría resultado más efectivo, en vez de inundar las redes sociales y los medios con propaganda y bots para deslindar al gobierno de Puebla de ese doble asesinato, para insistir que la desaparición, muerte y localización de la pareja se dio en Tlaxcala y que la administración del gobernador Alejandro Armenta tiene como principal prioridad la seguridad pública.
Lo que desgraciadamente los ciudadanos no perciben, por la falta de correspondencia entre la narrativa oficial y las noticias sobre asaltos, ejecutados y otros crímenes vinculados al tráfico de drogas y la delincuencia organizada.
Escribientes se quejan de acoso y juezas son amenazadas
Lo que hasta ahora es un reclamo verbal de acoso y hostigamiento sexual, pero que en el transcurso de los próximos días podría escalar en perjuicio de la imagen del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura es la que queja de unas ocho escribientes en contra del administrador de Juzgados de Oralidad Familiar, Gil Enciso Reyes.
Las escribientes están adscritas a distintas salas de Oralidad Familiar y aunque han sido amenazadas con ser despedidas o castigadas, enviándolas a oficinas alejadas del Poder Judicial si insisten en denunciar a Gil Enciso, es probable que esta semana se animen y acudan a formalizar su queja ante el Consejo de la Judicatura.
Y es que ahora sus gestiones para que la conducta de asedio del administrador de Juzgados de Oralidad Familiar sea sancionada por la directora general de Seguimiento, Alejandra Torija García, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Belinda Aguilar Díaz, lejos de prosperar se les han revertido a manera de amenazas.
Las escribientes han sido advertidas por Ricardo Zamudio Aldaba, de la oficina del presidente Consejo de la Judicatura, con ser rescindidas o cambiadas de adscripción, lo mismo que las jueces que las apoyan, Magda Reyes Delgado y Génesis Sánchez Hernández, si persisten en denunciar al administrador de Juzgados de Oralidad Familiar, Gil Enciso Reyes.
Entre las escribientes figuran Citlali, Alejandra, Jessica y Adriana.
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Este problema al seno del Poder Judicial ha puesto al descubierto dos situaciones que involucran a Ricardo Zamudio en un asunto de tráfico de influencias y abuso de autoridad, y a Jennifer Guevara Arroyo, nueva directora de Derechos Humanos y Género del Consejo de la Judicatura, en una posición comprometedora.
Sobre Ricardo Zamudio trasciende que tienen dos demandas de alimentos pero que están detenidas en perjuicio de sus hijos y quien fuera su pareja, Aleyda Chapa Ortega.
La jueza que conoce de la demanda de alimentos es Jaqueline Oviedo Hernández, quien tendría instrucciones de dilatar el juicio.
Respecto a Jennifer Guevara Arroyo, la queja de las escribientes y las jueces inconformes por el hostigamiento y las amenazas que son objeto es que ésta no actúa por el riesgo de perder el cargo e incomodar a quienes la impulsaron.
Las afectadas cuestionan cómo alguien que tuvo una activa participación en la plataforma OnlyFans ahora es la directora de Derechos Humanos y Género del Consejo de la Judicatura.
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A hija de víctima de cáncer le cancelan plaza y a hermana del edil la premian
Entre los administrativos y docentes de la escuela secundaria federal “Rodolfo Rodríguez León” hay malestar por lo que califican como una injusticia en agravio de la hija de María del Socorro Rojas García, a quien le quitaron la plaza que heredó de su mamá tras fallecer de cáncer, en junio de 2025, y por el favoritismo hacia la hermana del presidente municipal de Teteles de Ávila Castillo, Lesly Márquez Viveros, quien obtuvo una plaza de prefecta en la misma institución.
A Martha Fátima Salgado Rojas la nombraron secretaria de la secundaria el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de enero de 2026 la dieron de baja por supuestas inconsistencias en la asignación de la plaza de su mamá, quien laboró durante 30 años.
No corrió con la misma suerte la hermana del presidente municipal, Saúl Márquez Viveros, y sobrina del que fuera director de Primarias de la SEP del estado, Heriberto Márquez de la Rosa, quien hace unas semanas se convirtió en la prefecta de la secundaria federal “Rodolfo Rodríguez León”.
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