Este lunes el todavía coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, José Tomé Cabrera, subió un tuit donde solicita se haga la aclaración de que Olga Arellano Silva no es pariente de la esposa del gobernador, Cecilia Arellano Pérez.
Dos cosas llaman la atención de este posteo:
La primera es que la aclaración de Tomé llega 14 días después de que esa información se publicó en este blog.
Y la segunda: que la designación de Olga Arellano, quien es esposa del director general del Sistema Estatal del DIF, Juan Carlos Valdez Zayas, fue incluso confirmada por el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, el 20 de noviembre sin que desmintiera que ésta fuera prima de la esposa del gobernador.
Lo más curioso de la aclaración de Tomé es que en paralelo a su tuit, salió de la oficina de Olga Arellano, directora de Recursos Humanos de la SEP, un mensaje vía WhatsApp dirigido a varios funcionarios de la dependencia haciéndoles saber lo siguiente:
“Buen día
“Se informa que, se recibirán oficios y/o documentación con el nombre de la C. Olga Arellano Silva únicamente con fecha máximo 28 de noviembre y a partir del día de hoy 1 de diciembre; los oficios que requieran firma por parte de la Dirección de Recursos Humanos serán firmados por el Director General de Administración, de la siguiente forma:
“1. El fundamento se queda igual, ya que corresponde a la Dirección de RH.
“2. Bajo el nombre de: Humberto Leonel Guzmán Vázquez Director General Administración, colocar un recuadro con letra más pequeña con la siguiente leyenda: En suplencia por ausencia del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, de conformidad con lo establecido los artículos 14 fracción XI y 72 del Reglamento Interior de esta Dependencia.
“Gracias”.
¿Cuál es la intención de este comunicado?
La intención no es otra que librarla de cualquier irregularidad derivada de las auditorías por la entrega irregular de plazas docentes y ascensos escalafonarios, y dejar que esta responsabilidad la asuman quienes estuvieron en el enjuague de las plazas en el gobierno anterior, a saber:
Humberto Leonel Guzmán Vázquez, quien autorizaba presupuestalmente desde la Secretaría de Finanzas las plazas que a su vez palomeaba el entonces director de Recursos Humanos de la SEP, Martín Rodríguez Sánchez, con el consentimiento de Saúl Ramos González, quien se desempeñaba en el puesto que hoy tiene Humberto Leonel: director general de Administración de la SEP.
Una acotación final de este tema.
Antes de llegar la SEP como directora de Recursos Humanos Olga Arellano Silva ingresó a la administración pública del estado en febrero de este año como titular de la Dirección Administrativa del Ejecutivo, llevando justamente la administración de dos oficinas, la Secretaría Particular y la Coordinación del Gabinete.
Su lugar de trabajo antes de llegar a la SEP estaba en el CIS de San Javier, en el antiguo edifico de la penitenciaria, en los módulos 6 y 7, cerca de las oficinas de su marido, el actual director general del Sistema Estatal DIF, Juan Carlos Valdez.
Este, por cierto, mantiene una añeja relación con el titular del Ejecutivo estatal, pues fue su coordinador de agenda y giras en la campaña por la gubernatura de Puebla y antes de eso fue director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, en el sexenio de Mario Marín Torres, dependencia de la que fue titular Alejandro Armenta en el último tramo de ese sexenio.
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La opacidad de Alfredo Gómez, de la Sección 51 del SNTE y otros líderes sindicales
Las líneas que a continuación leerá, no son mías, aunque las suscribo, sino de un funcionario de la SEP, asiduo lector de esta columna.
En medio de la revisión de plazas y procesos de asignación en el sector educativo, resulta indispensable observar casos cuya opacidad refleja no sólo inconsistencias administrativas, sino prácticas que contradicen los principios de transparencia que hoy presume la autoridad.
Uno de ellos es el de Cristina Martínez Larenas, cuya plaza de tiempo completo —aunque posiblemente respaldada por estudios formales, a diferencia de otros casos— no fue obtenida mediante convocatoria ni mediante una trayectoria docente ascendente, sino por asignación directa de Alfredo Gómez Palacios.
Conviene recordar que Martínez Larenas no inició su carrera en funciones educativas dentro de la secretaría. En 2013 ingresó como enlace de comunicación; en 2015 trabajó con Jorge Benito Cruz Bermúdez y Patricia Vázquez del Mercado durante el periodo de Rafael Moreno Valle, con una plaza de honorarios.
Nunca se identificó como parte del proyecto de Morena e incluso era conocida por expresarse de forma negativa hacia ese partido, aunque hoy se presente como integrante convencida de la 4T.
En esos años, varios trabajadores de la SEP la señalaban por un comportamiento despótico y grosero.
Después logró incorporarse al círculo cercano de Alfredo Gómez Palacios, quien la contrató para manejar medios y operar la campaña interna con la que él se promovió como aspirante a la Secretaría General del SNTE 51.
Su tarea incluía campañas mediáticas contra su adversaria más cercana, la maestra Dinorah García. Este antecedente explica por qué hoy goza de una plaza de tiempo completo sin haber pasado por una convocatoria, como sí se exige a miles de docentes que llevan años esperando recategorizaciones mientras cumplen funciones frente a grupo.
El caso abre una incómoda pregunta: ¿con qué calidad moral Alfredo Gómez Palacios exige transparencia en la asignación de plazas, cuando ha beneficiado principalmente a su círculo cercano?
Además de Martínez Larenas, figuran Ángel Cerón, José Luis Fernández Tenorio, Raúl Mendoza Tenorio, Karina Jaimez Lemini, Miguel Ángel Olivares e Iván Martínez López, a quienes también se señala por obtener horas o plazas para ellos o sus hijos.
No es menor que, el día en que la base magisterial bloqueó la entrada de la SEP y la Recta a Cholula —donde se ubica la Dirección de Programación y Presupuesto—, Gómez Palacios no estaba acompañando a los inconformes.
Se encontraba en un evento escolar y sólo acudió cuando fue informado de la magnitud del bloqueo. En realidad, la movilización fue convocada por maestros de la Normal, no por el líder sindical, quien tendría que ser el primero en defender a la base.
Otro caso que genera preocupación es el de la maestra Araceli Martínez Navarro, hija del ex supervisor Herón Martínez Rosete, de la zona escolar 014.
Todo apunta a que heredó la supervisión que dejó su padre, pese a que su formación es como Cultora de Belleza, sin un perfil idóneo para dirigir una zona escolar. Pese a que tenía una queja grave ante la Dirección de Bachilleratos Estatales, terminó siendo “premiada” con la supervisión.
Ello revive el antecedente de la ex supervisora Patricia Bouchan, quien mantuvo a su hijo como aviador durante años.
Esto plantea interrogantes fundamentales:
¿Se permite en algún estatuto la herencia de supervisiones escolares?
¿La autorización fue firmada por el secretario de Educación?
Se menciona que quienes pudieron intervenir son José Enrique Martínez Peláez, director de segundo nivel, cuya llegada se atribuye a su cercanía con Manuel Viveros, o Laura Artemisa García Chávez, a quien se vio acompañada en múltiples eventos por el ex supervisor Martínez Rosete antes de la designación a su hija.
O quizá —pregunta inevitable— ¿todo ocurrió a espaldas de Alfredo Gómez Palacios?
Para añadir contexto, este es el mensaje íntegro que circuló en grupos de WhatsApp entre el personal educativo para convocar al bloqueo del 12 de noviembre de 2025:
[12/11/2025] Buen día compañeros y compañeras. (…) Por parte del
sindicato nos están solicitando el apoyo para presentarnos a las 7:30 de la
mañana en la Secretaría de Educación Pública y en la Dirección de
Programación y Presupuesto, (…) para apoyar las peticiones y propuestas
de los jubilados. (…) Se requiere suspensión de labores.
Y las consignas difundidas fueron las siguientes:
Respeto a la minuta de Negociación Nacional SEP–SNTE.
Entrega mensual de vacancias.
Respeto a techos presupuestales y asignación de recursos.
Destitución de la jefa del Departamento del Personal Estatal.
Disminución de la carga administrativa.
Media Superior:
Revisión y dictaminación de horas adicionales.
Revisión y dictaminación del proceso de cambio de categoría.
Asignación de docentes en planteles con déficit.
En conjunto, estos casos revelan un patrón que la autoridad no puede seguir ignorando: la discrecionalidad con la que se gestionan plazas y supervisiones, así como la incongruencia entre el discurso de transparencia y la operación interna.
El magisterio pide claridad y equidad; la pregunta es si quienes hoy tienen responsabilidad pública están dispuestos a ofrecerla.
Hasta aquí el texto.
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