Uno de los rasgos para identificar un gobernante patrimonialista en el ejercicio del poder es la tendencia de éste a confiar en familiares la dirección de dependencias y organismos gubernamentales, no por una cuestión de eficiencia y eficacia, sino de lealtad a partir de vínculos afectivos y de sangre.
Lo anterior viene a cuento por el nombramiento de la nueva directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública de Puebla, Olga Arellano Silva, quien es prima de la esposa del gobernador Alejandro Armenta, Cecilia Arellano Pérez y esposa del director general del Sistema Estatal DIF, Juan Carlos Valdez Zayas.
Valdez Zayas fue coordinador de agenda y giras de Armenta en su campaña por la gubernatura de Puebla y antes de eso fue director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, en el sexenio de Mario Marín Torres, dependencia de la que fue titular en el último tramo de ese sexenio el actual mandatario estatal.
La designación de familiares es una clara manifestación del patrimonialismo que pone el acento, no en la meritocracia, la selección de los mejores o lo más aptos para desempeñar un cargo, sino en la cercanía afectiva o los vínculos de sangre.
Cuando un gobernante, al margen del partido o grupo que lo haya apoyado para llegar a una posición de poder, sólo confía la administración de puestos clave a familiares o incondicionales, en realidad lo que está haciendo es privatizar el ejercicio de la función pública, en perjuicio de la profesionalización, la rendición de cuentas y la autonomía institucional.
Con Olga Arellano Silva, prima de la esposa del gobernador, llego al área de Recursos Humanos de la SEP Enrique Bernardo Alvarado como jefe de Departamento, en sustitución de Reyna del Consuelo González Gutiérrez, quien utilizó su cargo para meter a cuatro familiares de su esposo en la nómina de la dependencia.
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Pedro Antonio Martínez, sin autoridad moral
Que lejos está Puebla de aquellos tiempos donde los representantes del Poder Judicial del estado eran unos auténticos maestros, con trayectoria, prestigio y carrera judicial.
El nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, es una figura muy menor frente a magistrados y abogados de la talla de magistrados Fernando García Rosas, Carlos Palafox Vázquez, Carlos Alberto Julián y Nacer, Guillermo Pacheco Pulido, Enrique Molina Johnson y Cosme Zafra Nava, por mencionar sólo algunos.
No sólo por su trayectoria, formación profesional y prestigio como docentes, sino porque ninguno de sus pares podría cuestionar su nombramiento como jueces y magistrados.
Lo que no ocurre con Pedro Antonio Martínez, que brincó de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública, a secretario de acuerdos con funciones de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, a consejero y ahora presidente del Consejo de la Judicatura.
Éste no es maestro ni doctor, sino licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Universitarios (IEU), carrera que cursó en dos años de 2015 a 2017 cuando se supone que esta institución carecía del RVOE.
Con estas cartas credenciales usted cree que Pedro Antonio Martínez tendrá autoridad moral para administrar el Poder Judicial de Puebla, vigilar la actuación de jueces y magistrados, y combatir la corrupción en la administración de justicia. Yo la verdad lo dudo.
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