Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el inicio de indagatorias sobre los fiscales que renunciaron tras la difusión de notas periodísticas que los vinculaban a casos de extorsión, nadie en su sano juicio cree que éstas prosperen o que la fiscal general Idamis Pastor Betancourt vaya a darse un balazo en el pie, al ser ella quien los trajo y los contrató.
Pero si de verdad las denuncias de extorsión de las que han sido víctimas algunos empresarios poblanos se investigan, la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos tendría varias rutas por dónde comenzar.
La más directa sería pedirle al abogado que en primera instancia se hizo cargo de la defensa del empresario Javier Milián Mora, que declare si su cliente fue víctima de una extorsión por parte de funcionarios de la FGE, en concreto de Jorge Malváez Rodríguez, coordinador de la Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Hasta donde se sabe el abogado contratado por la mamá de Javier Milián tiene incluso hasta grabado ese chantaje.
Otra investigación que la Fiscalía en Asuntos Internos podría explorar gira en torno a Óscar de Jesús Parra Tay, el personaje que contactó a algunos empresarios para advertirles que estaban siendo investigados por lavado de dinero y defraudación fiscal, y que dijo podría conseguirles las carpetas y, eventualmente, ayudarlos a que éstas se cerraran.
Óscar Parra Tay, quien fue funcionario del Ayuntamiento de Puebla, directivo del PVEM y coordinador de Medio Ambiente en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, tendría que declarar cómo sin ser servidor público de la FGE tenía acceso a las carpetas iniciadas contra varios empresarios poblanos, quién le filtraba esa información y con qué propósito.
Ya en esa ruta la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos debería indagar a ciertos agentes ministeriales adscritos a la Unidad en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se han enriquecido inexplicablemente con la venta de información y copias de las carpetas y expedientes que ahí se integran.
Entre ellos el agente Hugo César Pérez Salas, quien hace cinco años que se incorporó a esa Unidad —a la que llegaba en taxi o en Uber— y ahora tiene vehículo Mercedes Benz.
Una tercera vía serían los jueces a los que se les viene solicitando, desde el Consejo de la Judicatura, resoluciones, cateos, órdenes de presentación y de aprehensión en ciertos juicios civiles, penales, familiares y mercantiles, donde los montos en disputa son millonarios.
En esta investigación un nombre que seguramente se repetirá es el de Pedro Antonio Martínez Hernández, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.
Pedro Antonio Martínez se asume entre magistrados y jueces como el operador político del gobernador, tirando línea de cómo resolverse ciertos asuntos, entre ellos los judicializados por los renunciados fiscales especializados en Investigación en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), Luis Antonio León Delgadillo, y de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Miguel Islas López.
Tal es el caso del dueño de tables dance, gimnasios y restaurantes Javier Milián, a quien después de detenerlo ilegalmente le exigieron para su liberación la cantidad de 20 millones de pesos.
Como la extorsión no funcionó debido a su ilegalidad y a las deficiencias de la carpeta integrada por el Ministerio Público, el juez de control Salvador Hernández Martínez no tuvo otra alternativa que liberarlo, como puede verse en la audiencia videograbada dentro de la causa judicial administrativa 557/2025/CHOLULA.
Pero las órdenes o sugerencias del consejero Pedro Antonio Martínez no se limitan al ámbito penal, se extienden a otras áreas del Poder Judicial, como los juicios familiares, tal es el caso del juicio oral familiar JOF/DJP/3491/2025/A-GC, donde aquel ha dado instrucciones de favorecer a Angélica Galván Tinoco contra Rodrigo Riestra Piña.
A pesar de tratarse de un juicio de divorcio y alimentos, el proceso podría salirle bastante caro a Rodrigo Riestra por la intervención del consejero de la Judicatura, que es amigo del padre de Angélica.
Otro asunto donde aquel ha intervenido a favor de una de las partes es un asunto penal de San Martín Texmelucan, donde los involucrados se disputan los bienes y propiedades de varias panaderías.
En este juicio la intención es sacarle una orden de aprehensión a una tal Ana o Anita N, señalada como copartícipe del delito de homicidio calificado en agravio de su cuñada y su sobrino. Pero esta será otra historia.
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