LA CORTE DE LOS MILAGROS

¡Viva la impunidad!

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De qué sirve que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta presuma que en su gabinete hay más mujeres que hombres, que en Puebla existe una Secretaría de Igualdad Sustantiva y que promueva a supuestas feministas en posiciones clave dentro del Congreso local, el Sistema Estatal Anticorrupción y la administración pública, si en su régimen los acosadores y violentadores de mujeres no solo gozan de impunidad, sino que incluso son premiados con puestos relevantes dentro del Poder Judicial.

El caso del recién designado director del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, Luis Cuauhtémoc Luna Mendoza, es ilustrativo de la impunidad que en Puebla tienen los funcionarios denunciados ante las instancias oficiales de acoso sexual y violencia de género.

Y es que los abusos cometidos por Luis Cuauhtémoc Luna Mendoza en contra de una subordinada suya, a su paso por la Dirección General de Bienes Muebles e Inmuebles, fueron conocidos por dos secretarias del actual gabinete, por el propio gobernador Barbosa y por al menos dos subsecretarios, a saber:

Las secretarias que supieron de la queja e incluso se entrevistaron con la víctima fueron Mónica Díaz de Rivera Álvarez, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, de la Secretaría de Administración y, quien hace unos días, fue designada magistrada de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Sistema Estatal Anticorrupción.

La primera fue quien personalmente atendió la queja de la empleada en contra de Luis Cuauhtémoc Luna, y la segunda era la jefa del director de Bienes Muebles e Inmuebles y del subsecretario que recomendó a éste para el cargo, Juan Pablo Cortés Córdova.

Otra subsecretaria que también supo del caso e incluso se reunió con la víctima en su oficina del centro de la ciudad fue Mónica Silva Ruiz, entonces subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género. Esta última es actualmente diputada en el Congreso local, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la LXI Legislatura, y esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez.

Sin embargo, ninguno de ellos y ninguna de ellas ha cuestionado el nombramiento de Luis Cuauhtémoc Luna como director del Centro de Justicia Alternativa, quien rindió protesta ante los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado el viernes 11 de marzo.

Lamentablemente éste no es el único caso donde el gobierno de la 4T poblana se ha hecho de la vista gorda frente a funcionarios denunciados ante instancias oficiales de malos tratos, acoso sexual y misoginia.

Como se recordará, en agosto de 2020 varias empleadas del Instituto Registral y Catastral del estado de Puebla (IRCEP) se presentaron ante Dirección de Atención y Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública del estado para denunciar a su jefe Jaime Calderón Vázquez.

Pese a las evidencias, como testimonios y grabaciones aportados por las víctimas de los abusos y excesos del director del IRCEP, este funcionario nunca fue puesto a disposición de las autoridades, aun cuando las quejas fueron corroboradas por el Comité de Ética y Combate a la Violencia de Género, de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

El director general del Instituto Registral y Catastral solo fue separado del cargo, sin que las conductas del susodicho fueran investigadas o sancionadas por la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de la Función Pública o el Tribunal de Justicia Administrativa, que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

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