Hágase justicia en los bueyes de mi compadre
La decisión política de vincular a proceso por los delitos de hostigamiento sexual y acoso laboral al coordinador ejecutivo de la presidencia municipal de Puebla, Andrés García Viveros, y de suspenderlo del servicio público en lo que se llevan a cabo las investigaciones, es sin duda polémica pero acertada si lo que se busca con ello es mandar un mensaje de cero tolerancia e impunidad a los agresores y depredadores sexuales.
Sin embargo, me parece que en este caso las motivaciones de la Fiscalía General del Estado y del juez de control para procesar al hombre fuerte de Claudia Rivera Vivanco en el ayuntamiento de Puebla, están lejos de ese anhelo.
El golpe en realidad buscó dañar la imagen y la campaña de la candidata de Morena y el PT a la alcaldía capitalina, y poner en entredicho su discurso en favor de las mujeres.
La declaración del gobernador Barbosa en el sentido que la vinculación a proceso de García Viveros marca un hito o un antecedente histórico de la aplicación de la ley a favor de las mujeres en Puebla, porque “por primera vez se toma con relevancia la acusación de una mujer que trabaja en un lugar y que es presionada con fines sexuales por sus superiores”, es interesada por no decir malintencionada.
La verdad es que el gobernador Barbosa tuvo en agosto de 2020 la oportunidad de predicar con el ejemplo con un subordinado suyo, Jaime Calderón Vázquez, quien fue denunciado por acoso laboral, hostigamiento sexual y misoginia, por varias empleadas del Instituto Registral y Catastral, que incluso se manifestaron públicamente afuera de sus oficinas.
Este funcionario nunca fue puesto a disposición de las autoridades, a pesar de que las quejas fueron corroboradas por el Comité de Ética y Combate a la Violencia de Género, de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
El director general del IRCEP sólo fue separado del cargo, la Fiscalía se hizo como el Tío Lolo, lo mismo que la secretaria de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera, no obstante que las mujeres agraviadas y acosadas ratificaron por escrito sus denuncias ante la Dirección de Atención y Quejas y Denuncia de la Secretaría Función Pública.
Este sí que hubiera marcado un precedente, un antes y un después en el combate al acoso y al abuso sexual en la administración pública estatal, pero se dejó pasar.
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Algo que sí es notario en la actual coyuntura electoral, en el marco de la paridad de género y el combate a la violencia en contra de mujeres, es la proliferación de denuncias por hostigamiento y acoso sexual en contra de candidatos y candidatas.
Muchas de estas denuncias tienen un inequívoco propósito electoral, chamuscar a candidatos y anular candidaturas, más que un afán de justicia o de reparación del daño a las víctimas de abuso sexual o violencia física.
Un claro ejemplo es la denuncia presentada por Nancy Pérez en contra del candidato del PAN a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, por hechos de supuesto acoso ocurridos un año antes.
La denuncia se presentó en febrero de este año, ante la Fiscalía en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, cuando ya se sabía que Tlatehui sería el abanderado del PAN a la alcaldía sanandreseña, pese a que el supuesto acoso de que se duele la víctima sucedió en febrero pero de 2020, es decir un año antes.
Esta denuncia, a diferencia de muchas otras que se archivan o no prosperaron, ya derivó en una carpeta de investigación cuyo objetivo no es otro más que amedrentar al principal opositor a la reelección de Karina Pérez Popoca en San Andrés.
Lo que más llama la atención de esta y otras denuncias de supuestas víctimas de hostigamiento y agresión sexual es la facilidad con que se filtran a medios y estos las publican incluso con su testimonio e imagen en video.
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