Además de la mala fama que arrastra y los cuestionamientos sobre la ilegalidad de su nombramiento como presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, se encuentra denunciado ante la Fiscalía General del estado (FGE) por los posibles delitos de abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias.
La demanda en contra de Pedro Antonio Martínez y otros dos integrantes del Consejo de la Judicatura, el juez Amadeo Fuentes Añorve y la magistrada Araceli Cabido Villard, la presentaron los abogados defensores del procesado Manuel Forcelledo Nader.
La denuncia dirigida a la fiscal Idamis Pastor Betancourt fue admitida el martes 26 de mayo, y en ella se acusa a los consejeros mencionados de actuaciones ilegales para revocar la medida de prisión domiciliaria que la encargada del Juzgado Segundo de lo Penal, Angélica Rodríguez Zamora, otorgó al procesado en audiencia celebrada el 12 de mayo.
También son acusados de alterar el expediente de ese juicio penal, cambiando constancias, oficios dirigidos al Centro de Reinserción Social de Puebla y al subsecretario de Centros Penitenciarios y otros resolutivos, como aquel donde se decretó la liberación inmediata de Manuel Forcelledo, y de suplantar sellos del juzgado.
Las versiones sobre la intervención del presidente del Consejo de la Judicatura en ese juicio son diversas. Unas presumen que hubo dinero para decretar la liberación de Manuel Forcelledo, quien fue sentenciado a 76 años por el feminicidio de su pareja Karla López Albert, en enero de 2014, pero que cuando la noticia trascendió a medios y el escándalo parecía inminente cambió constancias y actuaciones para achacar el asunto al titular del Juzgado Segundo de lo Penal, Enrique Romero Razo.
En su querella los abogados de Manuel Forcelledo cuestionan cómo pueden los miembros del Consejo de la Judicatura salvaguardar la legalidad del Poder Judicial de Puebla si son los primeros en transgredirla y torcerla alterando expedientes y despareciendo resoluciones y oficios.
La denuncia se presentó también ante el Órgano Interno de Control del Poder Judicial, aun a sabiendas de que su titular Isidora Rubí Joven es víctima de amenazas y hostigamiento laboral por parte del propio Pedro Antonio Martínez.
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Jueza suspendida gana amparo y ahora tienen que pagarle hasta la risa
La jueza Sandra Lucía Perea Iturriaga, quien fue suspendida de sus funciones por el Consejo de la Judicatura, acaba de ganar un amparo en el que se ordena le cubran la totalidad de los salarios que le adeudan desde hace 18 meses.
Sandra Perea se desempeñaba como jueza de lo Civil y lo Penal en el distrito judicial de Tecamachalco, pero fue suspendida a solicitud de la magistrada Araceli Cabido, del Consejo de la Judicatura, por supuestos hechos ilegales dentro del expediente 1166/2019.
Su amparo y la decisión de cubrirle los salarios pendientes cobra relevancia en esta coyuntura, no sólo porque quien la sancionó es integrante del Consejo de la Judicatura, sino porque aquella también está denunciada ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por abuso de autoridad y delitos cometidos contra de la administración de justicia.
La jueza acusó al órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de Puebla de dilación, por su negativa de reinstalarla y cubrirle la totalidad de su salario, pues desde que fue suspendida el 4 de octubre de 2024 sólo recibía el 30% de su sueldo.
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