La inestabilidad política en que se encuentran sumidos seis municipios del estado de Puebla por la remoción o destitución de sus presidentes municipales, forzadas licencias, órdenes de aprehensión giradas en su contra y el nombramiento de Concejos, podría degenerar en situaciones de ingobernabilidad.
¿Por qué?
Porque algunas de estas remociones se hicieron de espalda a la población, sin el apoyo de los regidores, que también fueron obligados a pedir licencia definitiva, a abandonar sus cargos por indicaciones o presiones del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, o la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García Chávez.
Pero también porque los presidentes de los Concejos impuestos en Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca son ajenos a estos municipios, pues no vivían ahí ni fueron parte de las planillas electas en junio del año pasado, sino designados por la Secretaría de Gobernación con el aval del Congreso local, pero sin el consenso de los grupos y liderazgos de estas comunidades.
En el caso de los presidentes municipales de Cuautempan y Ahuazotepec, Gerardo Cortés Caballero y Alfredo Ramírez Hernández, de Morena y PRD, y cuyas propiedades fueron objeto de cateos los días 9 y 16 de mayo, en los que supuestamente se encontraron armas de uso exclusivo del Ejército y drogas, el gobierno del estado sólo informó que éstos huyeron y pidieron licencia ante sus Cabildos.
Para los vecinos de ambos municipios de la Sierra Norte de Puebla esos operativos policiacos fueron poco transparentes, por lo que se cree los motivos para forzarlos a pedir licencia en realidad son distintos a los públicamente reveló el gobierno y la Fiscalía del estado.
Lo mismo sucedió este martes en el municipio de Calpan, donde una mano negra filtró la noticia de la destitución del presidente Vicente Sánchez Méndez y de cómo los regidores en sesión extraordinaria nombraron en su lugar a Bertín Bermeo Morales en calidad de interino.
Esa misma mano negra dio cuenta de la remoción de la contralora Reyna Marcos Flores por rehusarse a informar al Cabildo de Calpan de la situación financiera del ayuntamiento y de su reemplazo por Rafael Cortés Mendoza.
Vale la pena mencionar que estos no son los únicos municipios con inestabilidad política o problemas financieros y de gobernabilidad.
Entre los ediles poblanos hay molestia por lo que tienen que pagar, además de su salario, alimentación y hospedaje, a los marinos que llegaron a sus municipios a realizar tareas de seguridad, por los gastos que tienen que cubrir para las casas de la mujer Carmen Serdán, y para recibir al gobernador cuanto éste los visita, pues tienen que contratar carpas, pantallas y equipo de sonido, así como pagar el alquiler de sillas a los proveedores que se les indican.
Otros presidentes municipales están molestos por las presiones que tienen de funcionarios del gobierno del estado para que apoyen las labores de sus delegados en las cabeceras distritales y municipales con gastos, viáticos y hasta vehículos.
Porque a pesar de las deudas y problemas que les heredaron sus antecesores, el gobierno del estado poco les ha ayudado en el arranque de sus gestiones.
Y porque ahora, además de todo lo anterior, tienen que sacar este domingo la elección del Poder Judicial, llevando a cierto número de votantes a las casillas, con la velada amenaza de que de no hacerlo se atengan a las consecuencias.
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