LA CORTE DE LOS MILAGROS

Roberto Trauwitz, las imposiciones cuestan 

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Por Rodolfo Ruiz R.
Tal como se preveía, sólo se registró una planilla para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Economistas del estado de Puebla, la integrada por el secretario de Turismo de administración morenovallista, Roberto Antonio Trauwitz Echeguren y por el director de la Facultad de Economía de la BUAP, Salvador Pérez Mendoza, uno como presidente y el segundo como vicepresidente.
Y lo hizo con el mínimo de firmas de miembros activos del Colegio que exigía la convocatoria que apenas la semana pasada se difundió, 150, de un padrón vigente de 468 socios.
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La razón es que los inconformes con la imposición de Roberto Trauwitz y las maniobras del presidente saliente, Miguel Hakim Simón, para impedir un proceso democrático en el nombramiento de su sucesor para el periodo 2016-2018 siguen valorando la idea de constituir un nuevo Colegio.
De hecho, varios de ellos están convocando a sus compañeros a no participar en los actos de campaña de la planilla única, para presentar su programa de trabajo, ni en la jornada electoral del próximo miércoles 7 de septiembre, como una muestra de repudio y rechazo al coordinador estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, Miguel Hakim, y sus métodos para  heredarle la presidencia del Colegio a Roberto Trauwitz.
A la par trascendió que los inconformes, entre los que figuran profesores y compañeros del candidato a vicepresidente, Salvador Pérez Mendoza, y algunos economistas ligados al grupo Proyección 2000, están citando a una reunión la semana entrante para constituir un nuevo organismo con el aval de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana.
Esta historia continuará.
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El gobierno del estado acaba de adjudicar un contrato a la constructora Procesos de Ingeniería Aplicada SA de CV para la realización del Camino Huaquechula (Puebla) Huajuapan de León (Oaxaca).
El fallo de la licitación no tendría nada de particular salvo por una pequeña cuestión: el concurso se llevó a cabo sin que el gobierno contará con el estudio de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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