Moreno Valle: gobierno de mano dura

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Tome esta hipótesis con reserva, pero se la transmito en virtud de la creciente violencia en varias entidades del país, como consecuencia de los vínculos y complicidades de autoridades municipales, estatales y federales con la delincuencia organizada, y que ha puesto a México en la mira internacional tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el descubrimiento de una decena de tumbas con cuerpos que no corresponden a los de los estudiantes secuestrados por el narco en Iguala, Guerrero.

Debo aclarar que este análisis se lo escuché a un experto en temas de geopolítica y seguridad nacional que por razones profesionales está vinculado con algunas agencias y despachos de inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocidos think tanks (tanques pensantes).

Desde su perspectiva, algunas acciones del gobernador Rafael Moreno Valle encaminadas a sacar adelante diversas obras y proyectos tanto energéticos como de infraestructura y a contener la oposición de ciertos activistas y grupos opositores locales que han manifestado su rechazo a la construcción de hidroeléctricas y gasoductos, así como a la perforación de minas o yacimientos en la Sierra Norte de Puebla, han tenido el propósito de llamar la atención de políticos e inversionistas de los Estados Unidos.

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Para el mandatario estatal es importante demostrar de cara a la próxima sucesión presidencial que es un gobernante confiable, abierto a la inversión extranjera, dispuesto a que las reformas del presidente Peña Nieto en materia energética y de telecomunicaciones se traduzcan en proyectos concretos y al que no le temblaría la mano para aplacar a los grupos de presión que se opusieran a ellos o intentaran impedirlos.

De ahí, según el experto, la decisión de Moreno Valle de encarcelar a los activistas que se han opuesto al Gasoducto Morelos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las obras carreteras del Arco Poniente, a las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales los presidentes auxiliares perdieron los ingresos del Registro Civil y a los que han bloqueado carreteras o quemado patrullas de la policía.

De ahí su actitud y posición, poco o nada sensible y hasta impopular, frente a los hechos violentos del Chalchihuapan del pasado 9 de julio, la muerte del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, los reclamos de su madre Elia Tamayo Montes, y las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su decisión de mantener al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y a otros funcionarios de su gabinete que actuaron con negligencia o fueron parte del montaje de la teoría del cohetón y la onda expansiva.

Frente a la debilidad que ha mostrado el presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios ante los acontecimientos violentos de Iguala y Chilpancingo, Guerrero; y Tlatlaya, Estado de México; la beligerancia del narco, las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad; así como de las crecientes movilizaciones estudiantiles y de organizaciones y movimientos sociales en varios estados del país, la mano dura y talante de Moreno Valle no han pasado inadvertidos para ciertos observadores y analistas de Estados Unidos, preocupados por la inestabilidad de su vecino de la frontera sur.

Y eso, de acuerdo con nuestro especialista, también lo sabe el propio gobernador y sus consultores estadounidenses, de los que en una futura entrega ya nos ocuparemos.

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Doble rasero

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En cuestiones políticas y partidistas el gobernador Rafael Moreno Valle es un tigre y los dirigentes y aspirantes del PRI a diputados federales unos mansos (por no decir mensos) corderitos.

Mientras el mandatario estatal usa sin ningún rubor los programas federales —como el de Alfabetización digital, consistente en el reparto de miles de tabletas a estudiantes de quinto de primaria— para promocionar a sus precandidatos a una diputación federal, a los delegados priístas del gobierno de la República —que también andan en busca de una curul— los excluye y margina de los actos oficiales, organizados por su gobierno o algún ayuntamiento de la coalición morenovallista.

Este miércoles, por ejemplo, se iba a realizar en Cuautlancingo una Feria de Empleo, a la cual fueron convocados la delegada de la Secretaría del Trabajo, Vanessa Barahona de la Rosa, y los delegados del Programa Prospera y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Nancy de la Sierra Arámburo y Lorenzo Rivera Sosa, respectivamente.

(Valga la pena anotar que Vanessa Barahona y Nancy de la Sierra son mencionadas con frecuencia como posibles candidatas del PRI en las elecciones federales del próximo año).

La feria ya no se efectuó. La noche del martes el presidente municipal de Cuautlancingo, el panista Félix Casiano Tlahque, recibió una llamada de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) del gobierno del estado, para pedirle que cancelara el evento, que lo pospusiera hasta nuevo aviso por instrucciones superiores. Ah, y que no volviera invitar a los delegados federales porque aprovecharían el acto para promocionarse políticamente.

Hace una semana, el alcalde de Teziutlán, el panista Édgar Antonio Vázquez Hernández, también organizó una feria del empleo, la segunda en lo que va de su gestión, y en ella participó como invitado especial el jefe de la Oficina del Gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn.

De más está decir que este evento, a diferencia del de Cuautlancingo, no se suspendió, sino que además tuvo como orador principal —no obstante tratarse de un programa auspiciado por la Secretaría del Trabajo y al que también acudió la delegada de la dependencia, Vanessa Barahona—, al hijo del exgobernador Mariano Piña Olaya y de la actual comisionada del IFAI, Patricia Kurczyn Villalobos.

(Juan Pablo Piña es el precandidato a diputado federal del gobernador Moreno Valle por el distrito 3 con cabecera en Teziutlán).

Ahora entiende por qué le digo que el gobernador se pasa de listo en el posicionamiento de los candidatos a diputados federales del PAN, a los que sube en anuncios espectaculares, invita a sus actos públicos y manda en su representación a inaugurar obra y entregar tabletas digitales, mientras que los delegados federales y dirigentes del PRI parecen unos pen…tontos.

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Del 3 al 7 de noviembre en el marco del décimo aniversario de la cátedra Ignacio Ellacuría de análisis de la realidad política y social la Universidad Iberoamericana de Puebla será sede de un foro que abordará temas polémicos como los derechos humanos, los megaproyectos de alto impacto ambiental, la criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y los presos políticos.

El foro es coordinado por el fundador de la Cátedra, el maestro Juan Luis Hernández Avendaño, y en este participarán académicos, activistas, legisladores y dirigentes de diferentes organizaciones y movimientos sociales de México y otros países, en ocho mesas de trabajo e igual número de paneles.

Los temas de las mesas son los siguientes: La academia y los movimientos socio ambientales; Gasoducto y daños a la salud; El derecho al agua y daños a la salud; Presos sociales en Puebla; El papel del Estado frente a las trasnacionales mineras; Conflictos urbanos y carreteras; Radios comunitarias, presas, hidroeléctricas y ríos; y Megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla.

Para conocer el programa y los detalles del Foro haga clic aquí.

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Este miércoles el director de Comunicación Social del Poder Judicial del estado de Puebla me hizo llegar una carta sobre el tema que ayer le traté aquí, confirmando que Porrúa sí instalará una librería en Ciudad Judicial, previa autorización de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzacóatl, a través de un contrato de comodato a diez años, por lo que no hubo licitación ni concesión alguna que vaya a generar un beneficio económico al Tribunal Superior de Justicia del estado.

Aquí la carta íntegra.

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