Aunque el aún magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez fracasó en su intentona por lograr el aval de los diputados locales para ser inamovible, si pudo obtener una suspensión provisional al tramitar un amparo ante la justicia federal que le dará posibilidades de mantenerse como integrante del Poder Judicial de Tlaxcala con el alto riesgo de incurrir en un presunto delito y generar vericuetos legales, administrativos y financieros.
Jiménez Martínez y su desprestigiado y débil operador, el diputado morenista Víctor Manuel Báez López no pudieron convencer a la mayoría de los legisladores para lograr el apoyo que requería para permanecer en el cargo después del 3 de marzo, fecha en que legalmente vence su segundo periodo como magistrado.
Bajo una serie de argumentos jurídicos que según expusieron para evidenciar el error en el procedimiento legislativo que se llevó a cabo en el 2014 cuando se aprobó la ratificación del mencionado magistrado, mismos que no prosperaron, Mario de Jesús Jiménez buscaba la inamovilidad judicial que sólo fue respaldada por los morenistas Rafael Ortega Blancas y Jesús Rolando Pérez Saavedra, así como por el panista Omar Milton López Avendaño, el indefinido porque en ocasiones es perredista y en otros petista, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, la coordinadora del PT, Irma Garay Loredo y la convenenciera legisladora de Nueva Alianza, Luz Guadalupe Mata Lara.
Antes de que ese asunto se sometiera a votación en la sesión de ayer, se conoció que la justicia federal otorgó una suspensión provisional luego de recibir una solicitud de amparo del magistrado, en la cual se ordena seguir con el procedimiento pero que el Congreso del Estado se abstenga de designar al nuevo integrante del Pleno del Poder Judicial que ocuparía el lugar de Jiménez Martínez hasta que no se resuelva de fondo el amparo principal.
La confusión y el conflicto jurídico administrativo se harán presentes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado que preside Fernando Bernal Salazar, quien deberá decidir junto con el Tesorero, Armando Martínez Nava y los miembros del Consejo de la Judicatura si Mario de Jesús Jiménez podrá seguir conociendo y resolviendo asuntos de su competencia y si éste estará en posibilidades de continuar cobrando su salarios y prestaciones o, a partir del 3 de marzo en que vence el segundo periodo como magistrado, se le pide que deje su lugar en tanto se resuelve de manera definitiva su amparo.
Sería grave que Jiménez Martínez siguiera cobrando el salario de magistrado y resolviendo asuntos legales si es que al final no obtuviera la protección de la justicia federal, porque sus actuaciones no serían válidas y porque sus remuneraciones serían interpretadas como un desvío de recursos públicos.
Incluso, se dice que el aún magistrado podría ser acusado del delito de usurpación de funciones.
La postura de Mario de Jesús Jiménez, que para muchos es una absurda necedad, llevará al Poder Judicial de Tlaxcala hacia un camino pantanoso que deberá recorrer por más de un año en lo que se resuelve de manera definitiva y de fondo el juicio de amparo.
El abogado Jiménez ya perdió un round importante y fundamental para su causa en el Congreso del Estado. Para su mala suerte las expectativas de que vaya a ganar el caso son muy bajas porque su ratificación aprobada el 4 diciembre del 2014 fue un hecho consentido por todos y hasta por él mismo porque nadie cuestionó e impugnó esa decisión.
Según el decreto publicado de ese acto jurídico se establece que su segundo periodo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado inició el 4 de marzo de 2015 y finaliza el 3 de marzo del 2021.
La moneda está en el aire y ahora habrá que ver en qué terminan los vericuetos generados por el magistrado Jiménez.
La que se va más que contenta del Poder Judicial de Tlaxcala es la magistrada Elsa Cordero Martínez, quien sin mucho esfuerzo y logró un envidiable haber de retiro que los diputados locales no tuvieron empacho en aprobar porque al final se sangra las finanzas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Normalmente, los magistrados lograban un haber de retiro de cuatro años con el pago del 80, 70, 60 y 50 por ciento de sus salarios y prestaciones, pero para la magistrada que argumentó ser una persona discapacitada se le autorizaron 6 años.
En el primer año Cordero Martínez cobrará el 90 por ciento, el segundo año 80 por ciento, el tercer año 70 por ciento, el cuarto año 60 por ciento, y en el quinto y sexto año 50 por ciento.
Elsa Cordero es una mujer discapacitada que no tuvo ningún impedimento para ejercer funciones y trabajar como magistrada, pues hacía y cobraba lo mismo que sus homólogos, de ahí que no me explico porque ahora que se habla de su salida del Poder Judicial se utiliza esa condición para regalarle dos años más de haber de retiro.
En fin, nunca faltan los abusivos.
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