Castigar las malas conductas y prácticas de los servidores públicos seguirá siendo un anhelo que los tlaxcaltecas deberán guardar por un tiempo más, porque ante las evidencias y hechos actuales es imposible pensar que algún funcionario, alcalde o ex edil pudiera enfrentar la ley por haber tenido un comportamiento irregular.
Los ejemplos de impunidad abundan y resultan ofensivos. El ex presidente municipal de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, puede ser un caso emblemático en esa materia. No sólo libró la cárcel luego de haber atropellado en diciembre del 2018 al ciclista Carlos López González, sino que ahora y tras años de litigio se determinó que el panista no tuvo ninguna responsabilidad penal en la compra del terreno donde se construyó el polideportivo “Carlos Castillo Peraza”.
La administración municipal de Adolfo Escobar fue acusada de adquirir de manera ilegal el mencionado predio, el cual era disputado por varias personas que en su momento demostraron ser las propietarias de ese inmueble, sin embargo para el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tlaxcala con sede en el municipio de Apizaco el contrato celebrado entre una poseedora del terreno y las autoridades capitalinas fue perfecto.
Lo anterior ha sido utilizado por el ex alcalde panista para tratar de limpiar su pésima imagen y aparecer nuevamente en el mapa político del estado, pues su intención después de haber obtenido tal impunidad es buscar un nuevo cargo de elección popular en las elecciones del 2021.
Otro claro ejemplo de impunidad y encubrimiento, es el de los actuales comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Didier Fabián López Sánchez, Fernando Hernández López y Maribel Rodríguez Piedras, quienes a casi ocho meses de haber asumido sus funciones se han convertido en tapaderas de los ex integrantes de consejo general del organismo, Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín.
En el IAIP existían inconsistencias administrativas y financieras originadas por la disputa interna que hubo por el control del organismo, pero el actual presidente del mismo, Didier Fabián López no ha hecho más que cubrir y tapar esas anomalías para hacer evidente que en Tlaxcala se alienta la impunidad y se protege la corrupción.
Un caso más de la protección tan burda que existe a las malas prácticas que hay al interior del gobierno del estado, es el del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) donde la ex responsable de esa dependencia Anahí Gutiérrez Hernández se ríe de sus travesuras y pésima administración que en tan sólo dos años (2017 y 2018) acumuló un presunto daño patrimonial superior a los 169 millones de pesos.
Se dice que esa dama que logró conquistar a un influyente político de Tlaxcala que hoy en día goza de poder y dinero por ser el hermano favorito, no será molestada ni enfrentará ningún procedimiento administrativo porque el nuevo titular del Itife, Arturo Sánchez Téllez, tiene la instrucción de tapar el cagadero que existe en esa dependencia.
Con estos lamentables antecedentes es imposible pensar que en Tlaxcala hay voluntad o la mínima disposición para perseguir y castigar la corrupción.
Las más de 30 denuncias penales que existen contra igual número de ex presidentes municipales y que están en poder de Pedro Sánchez Ortega, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la PGJE, nunca se investigarán y muchos menos llegarán a un juez.
El Sistema Estatal Anticorrupción es una burla para los tlaxcaltecas.