Cómo estarán las cosas en el país que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Efraín Cota Montaño, tuvo que venir a repetir la cantaleta de las autoridades que integran el gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez, en el sentido de que somos de los estados más seguros y que la estrategia para contener a los delincuentes está funcionando.
Si Tlaxcala se mantiene entre los estados más seguros, eso no quiere decir que las autoridades van ganando la batalla contra los criminales, sino que ese problema está desbordado en México y que la incidencia delictiva mantiene un paso avasallador frente a la estrategia del gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador para cambiar la herencia maldita que recibió de las administraciones del PAN y del PRI.
Quizá los números en algunos casos demuestren que ciertos delitos han ido a la baja, pero otros también han aumentado. Esas cifras son utilizadas para justificar el desastroso trabajo de las autoridades estatales encargadas de prevenir los delitos y perseguir a los criminales, sin embargo sus esfuerzos han sido en vano porque la percepción de los ciudadanos es que la inseguridad es mayúscula y que hoy nadie se encuentra seguro en su casas, negocios y en las carreteras del estado.
Tlaxcala registró un aumento de 166.7 por ciento en el número de homicidios dolosos entre mayo y junio de 2019, según las cifras oficiales.
El número de homicidios dolosos en Tlaxcala aumentó 433.3 por ciento entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019.
En homicidios dolosos, Tlaxcala sumó tan sólo en junio pasado 32 casos, es decir, más de uno al día.
Y aunque la incidencia delictiva del fuero común en la entidad arrojó un total de 332 ilícitos de manera general en junio pasado (ubicándose como la segunda más baja del país), esa cifra que representa una disminución de 7.3 por ciento con respecto a mayo de 2019 y una reducción del 35.9 por ciento frente a junio del año pasado, la realidad es que los ciudadanos y ciudadanas perciben que la violencia en Tlaxcala se ha generalizado y que los homicidios dolosos se multiplicaron.
Además, los enfrentamientos entre policías y criminales son constantes, así como los operativos montados para desmantelar, según las autoridades, bandas dedicadas al secuestro y otros ilícitos, situación que si bien indicaría que las dependencias ahora si están llevando a cabo su trabajo, también demostraría que en Tlaxcala hay grupos delincuenciales que operan y son los responsables de que se haya perdido la tranquilidad.
Durante la Cuarta Reunión Ordinaria Plenaria de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal de Tlaxcala, el gobierno federal y estatal se comprometieron a trabajar coordinadamente para mejorar el combate a los criminales, acciones a la que piensan sumar a las autoridades municipales que son marginadas no sólo del apoyo institucional sino del económico.
Un buen ejemplo de lo anterior es el caso de Apizaco, donde pareciera que la responsabilidad de brindar seguridad a los habitantes es exclusiva del ayuntamiento, porque para nadie es un secreto que el gobierno del estado y el federal han evadido su parte de competencia para reforzar las acciones de vigilancia, prevención y de persecución de los delincuentes.
Si el gobierno federal decidió sumarse a la cantaleta de las autoridades estatales de que Tlaxcala es un estado seguro está bien, porque al menos los ciudadanos también ya podrán repartir culpas a la administración de López Obrador.
Lo único bueno que ayer dejó la mentada reunión fue el anuncio de que los recursos del FORTASEG que fueron recortados injustificadamente a municipios como Apizaco, Huamantla, Calpulalpan y Chiautempan podrían ser reasignados para el 2020.
Ojalá que así sea y que no se trate de una falsa promesa.
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