Los diputados locales integrantes de la Cuarta Transformación desecharon de tajo la posibilidad de llevar un cambio o una transformación en el Poder Judicial de Tlaxcala, donde por ley existía la opción de empezar la renovación de los magistrados con el análisis de la ratificación o no del abogado Elías Cortés Roa, vinculado a los intereses priistas.
Sin el menor ánimo de alentar la renovación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, los legisladores no sólo conformaron una Comisión Especial dócil para atender la ratificación o no de magistrado Cortés Roa, sino que ayer los diputados avalaron un procedimiento sonso que otorga todas las facilidades y elementos para que ese gris abogado se mantenga en la nómina dorado del Poder Judicial.
Su ratificación depende de un informe y opinión que envíe el Consejo de la Judicatura integrado en su mayoría por puro abogado lambiscón y convenenciero, de un expediente que detalle su labor de los últimos seis años (deberá incluir la estadística sobre los asuntos tramitados, resueltos, impugnaciones recibidas, medios de defensa ordinarios y extraordinarios que atendió, así como los asuntos confirmados, modificados o ratificados) y de una reseña de las sentencias que emitió.
Y aunque el procedimiento permitirá la presentación de escritos de ciudadanos que estén de acuerdo o no en la revalidación del mencionado magistrado, la realidad apunta que los diputados de Morena, el PT y el PES no tienen los tamaños, ni la fuerza y el interés de alentar un cambio en un poder que está bajo el control del PRI.
Elías Cortés le debe su llegada como magistrado al ex gobernador Mariano González Zarur y su gris papel como alto funcionario de Poder Judicial en su momento ha sido avalado por el actual mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez que intentó ubicarlo como presidente del Tribunal Superior de Justicia, deseo que no pudo cumplir porque los magistrados se rebelaron e impusieron en esa posición al poblano Héctor Maldonado Bonilla, quien hace unos meses fue destituido para dar paso a la llegada de Mario de Jesús Jiménez Martínez que compuso la relación con el Poder Ejecutivo.
A los actuales diputados de Morena, el PT y el PES se les permitió reincorporar como magistrado al abogado triquiñuelas Fernando Bernal Salazar que de inmediato dejó su chaqueta de morenista para ponerse el saco de priista y convenenciero miembro del pleno del Poder Judicial de Tlaxcala, de ahí que hoy no les quedó otra más que aceptar anticipadamente la ratificación del intrascendente Cortés Roa que seguramente repartirá algunos estímulos por tan lindo detalle que recibirá de algunos legisladores que dicen ser piezas claves para lograr esa proeza.
La Comisión Especial que preside la diputada priista Zonia Montiel Candaneda sabe que el asunto del magistrado Elías Cortés está planchado y que simplemente simularán que evaluaran al abogado porque su ratificación es inminente.
Y si necesita más elementos para decepcionarse de los diputados de la Cuarta Transformación le cuento que el descuento salarial que había sido aprobado para ocho legisladores que se ausentaron de la sesión del pasado 18 de julio cuando se destituyó a los comisionados del IAIP fue revertido por la actual presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Irma Garay Loredo, decisión que dejó sin 120 mil pesos a una escuela que ocuparía esos recursos para comprar equipo de cómputo.
La petista que forma parte de la Cuarta Transformación ha tenido en un mes un papel desastroso como presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado.
Ella y su palera también legisladora del PT, María Félix Pluma, son las responsables del escándalo en el que se han visto involucrado el diputado federal Gerardo Fernández Noroña y su homóloga panista Adriana Dávila Fernández, quien habría sido atacada despiadadamente por el petista en un evento que se organizó en el Patio Vitral del Congreso del Estado y que las legisladoras de ese partido aplaudieron y avalaron sin ningún recato.
Ambas legisladoras deberían dejar sus cargos, porque nadie en su sano juicio puede permitir que Irma Garay como presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política respalde los ataques a una diputada federal y que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, María Félix Pluma, haga lo mismo, porque en el evento y después del mismo ninguna de las dos se desligó de las afirmaciones y señalamientos que Fernández Noroña hizo contra la tlaxcalteca Adriana Dávila. De pena, no.