El silencio cómplice del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, de legisladores federales y locales y de funcionarios que representan la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la marginación que sufrieron los municipios de Tlaxcala para recibir recursos del Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública (Fortaseg) es insultante, porque nadie fue capaz de alzar la voz ante esa injusticia que afectará a los policías de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla y Chiautempan.
Los nuevos genios encargados de la seguridad del país y los responsables de asignar los recursos del mencionado fondo simplemente la cagaron y a leguas se observa que prevaleció un criterio político más que técnico para asignar esas partidas económicas.
El estado de Tlaxcala simplemente fue eliminado de un plumazo y en este rubro ya no se mantuvo el criterio del presidente López Obrador de que “amor con amor se paga”, porque no existe ningún razonamiento lógico para cancelar ese apoyo a los municipios de Tlaxcala, Huamantla y Chiautempan que son gobernados por el PRI y el de Apizaco que se encuentra en poder del PAN.
Y cuando me refiero a que predominó un criterio político más que técnico, es porque en el vecino estado los municipios de Puebla y Tehuacán registraron un incremento de recursos al pasar de 75 a 82.11 millones de pesos y de 14.17 a 40.54 millones de pesos, respectivamente, con la novedad de que ambas ciudades son gobernados por alcaldes emanados de Morena, el partido que fundó el tabasqueño.
En aquella entidad el municipio poblano de San Martín Texmelucan dejará de recibir los recursos del Fortaseg, pese a los altos niveles de incidencia delictiva que registra y que afectan a las poblaciones de Tlaxcala que se encuentran en sus límites.
Los cuatro municipios del estado de Tlaxcala que este año no recibirán ni un peso del Fortaseg recibieron de manera conjunta el año pasado más de 40 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para adquirir uniformes y botas, así como para mejorar las condiciones salariales de los uniformados que recibieron estímulos económicos y en algunos casos dispusieron de una partida para gastos médicos.
Hasta donde se sabe los cuatro ayuntamientos comprobaron el 100 por ciento de los recursos recibidos y demostraron con números los buenos resultados entregados en materia de seguridad.
Difícilmente los policías municipales de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla y Chiautempan mantendrán las mismas condiciones laborales, de ahí que los alcaldes de las poblaciones más importantes de la entidad enfrentarán inconformidades y problemas financieros para poder cumplir con los compromisos adquiridos.
Pese a que el problema de la seguridad es una prioridad para el gobierno de López Obrador, en los hechos demuestra que a su administración no le preocupa el tema en Tlaxcala, pues simplemente hay que ver el trato que tiene con los mencionados presidentes municipales que gobiernan más de 300 mil tlaxcaltecas para deducir lo anterior.
Llama la atención que el gobernador Marco Mena guarde silencio sobre el tema y no establezca una postura que defienda a los alcaldes y a los habitantes de esos municipios que al final son los que reciben el servicio de seguridad pública de esos ayuntamientos.
El gobierno del estado ha incumplido su promesa de llevar a cabo la inversión histórica en materia de seguridad, ya que la compra de 200 patrullas que pretendió hacer el año pasado y que fue cancelada por algunas irregularidades en la licitación se encuentra suspendida y se desconoce la fecha en que podría concretarse ese ofrecimiento que se ha hecho en repetidas ocasiones durante los dos últimos años.
También es insultante la indiferencia de los diputados federales de la cuarta transformación como Rubén Terán Águila, Claudia Pérez Rodríguez y José de la Luz Sosa Salinas “Pepeluchue”, así como de los senadores Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, quienes ante ese atropello simplemente se esconden y evitan fijar un posicionamiento.
Lorena Cuéllar Cisneros, delegada de Programas de Desarrollo del gobierno federal y representante de la administración de López Obrador tampoco ha dicho algo sobre ese asunto, lo cual resulta grave porque pareciera que ante una mala decisión de las autoridades nadie tiene la capacidad de disentir y defender a los habitantes de Tlaxcala.
Ahora habrá que esperar la postura de los alcaldes afectados y ver si recurren a una acción legal para inconformarse y tratar de recuperar esos fondos que para sus administraciones son de una gran ayuda.