El combate a la corrupción sólo ha quedado en palabras, porque en los hechos no se visualiza ningún avance para tratar de castigar esa conducta ilícita que fue la constante en pasadas administraciones municipales y que hoy en día parece que está vigente entre algunos tesoreros que con el aval de ciertos diputados hacen negocios con recursos públicos.

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Los días pasan y simplemente las investigaciones para esclarecer las acusaciones de corrupción que los actuales alcaldes presentaron contra su antecesores no avanzan, pese a que en algunos casos está plenamente documentado los presuntos malos manejos financieros que llevaron a cabo y que dañaron las arcas municipales.

Esa tolerancia y nula voluntad para castigar esas conductas es lo que quizá alentó a varios tesoreros a montar una burda red de complicidades para hacer negocio con los recursos públicos que administran sin que los presidentes municipales participen.

Habría que ver cuántas nuevas empresas comercializadoras de reciente creación forman parte del padrón de proveedores de algunos ayuntamientos y cuántas de éstas guardan ligas con funcionarios municipales.

Un claro ejemplo de ese esquema tan burdo para tratar de obtener ganancias con recursos públicos estaría comandado por los tesoreros de Amaxac de Guerrero y de San José Teacalco, quienes a través de una empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción ubicada en San Pablo Apetatitlán adquieren a sobreprecio los productos para ejecutar obras.

Para comprobar lo anterior simplemente habría que preguntarles en cuánto han comprado el metro cuadrado de adoquín y verificar si esa cantidad tiene relación con el precio promedio que tiene ese material.

Les empezó a ir tan bien a esos tesoreros que en sus tiempos libres ofrecen a otros administradores de ayuntamientos entrar al negocio sin que los alcaldes se enteren, porque según ellos son unos avorazados.

Uno de los tesoreros involucrados con pasado perredista dice que su “red” cuenta con la protección del diputado local Alberto Amaro Corona y el secretario técnico de la Comisión de Finanzas y Fiscalización Gregorio Cervantes Díaz, de ahí que según él nadie frenará su negocio y menos el Órgano de Fiscalización Superior. Será.

Limitan la libertad de expresión a los policías estatales

El malestar al interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública va en aumento y los policías no tardarán en mostrar públicamente su inconformidad por la forma en que es manejada esa dependencia a cargo del licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Hervé Hurtado Ruiz.

Los elementos de la Policía Estatal empezaron a ser convocados en las instalaciones de la dependencia para firmar su recibo de nómina, sin embargo a la par recibieron un documento que también tenían que rubricar de manera obligatoria.

El documento palabras más, palabras menos, establecía que los uniformados se comprometían a no criticar por ningún medio y en especial a través de las redes sociales a los comandantes de la corporación y en especial al oriundo de Campeche, situación que de inmediato generó la molestia de los policías que además no pudieron obtener una copia del escrito que firmaban.

Cada uno de los elementos ingreso a una pequeña oficina en donde se encontraba un representante de Asuntos Internos y otra persona que se desconocía su rango o responsabilidad en la dependencia. Firma el documento y no hagas preguntas, firma y no hagas comentarios, firma o necesitas más tiempo para entender, fueron algunas de las frases expresadas a los uniformados que salieron más que indignados por la presión que recibieron.

Me queda claro que Hervé Hurtado no conoce a los tlaxcaltecas, pues lo único que está provocando con esa pésima decisión es que los policías se organicen y empiecen a realizar acciones de protesta como sucedió en el primer año del gobierno de Mariano González Zarur.