El proceso de prueba y evaluación al que están sujetos los miembros del gabinete y los nuevos funcionarios estatales va en serio, por lo que nadie debe sentirse seguro en su cargo y menos cuando la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sale bien evaluada, según diferentes estudios de opinión, por su trabajo realizado hasta este momento.
La mayoría de los nuevos funcionarios han apostado al bajo nivel y a justificar su trabajo con la firma de convenios entre dependencias estatales ya sea en materia del medio ambiente o a la prestación del servicio social por parte de estudiantes, pero en los hechos y salvo algunas excepciones son pocas las áreas de la administración estatal que se les ve trabajo y resultados.
Lorena Cuéllar tuvo la habilidad de reforzar el trabajo que se venía realizando para atender la pandemia de Covid-19, mejoró la atención a enfermos con oxígeno gratuito, reparó los ventiladores usados para tratar a los pacientes, así como también puso en marcha la realización de pruebas gratuitas para la detección de esa enfermedad, medidas que los ciudadanos y las ciudadanas han percibido como positivas.
La gobernadora lejos de recurrir a las lamentaciones y quejas como otras autoridades tlaxcaltecas de Morena han hecho, se puso a resolver los problemas que recibió como la escasez y falta de medicinas en las clínicas y hospitales de la entidad, al grado que hoy el abasto de esos insumos es superior al 90 por ciento.
Los problemas heredados por la mediocre administración que encabezó el priista Marco Antonio Mena Rodríguez poco a poco han empezado a ser atendidos, por lo que una vez que se concrete su solución se darán a conocer a fin de que los ciudadanos tengan la certeza de que se está trabajando y cuidando los recursos públicos del gobierno del estado, los cuales se canalizarán para atender las necesidades del pueblo y no para pagar deudas millonarias provocadas por malas decisiones y la desidia de algunos gobernantes que se negaron irresponsablemente a concluir el proyecto de una central de abasto en un municipio de interior del estado.
En Tlaxcala hay un cambio, pero también se observan inconsistencias en materia de seguridad pública. El robo de autopartes, asaltos armados en comercios, en unidades del transporte público de pasajeros, a camiones de carga y los homicidios dolosos siguen siendo la constante, al igual que los intentos de linchamiento de presuntos delincuentes.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alfredo Álvarez Valenzuela y la procuradora de Justicia en el estado, Ernestina Carro Roldán, deben aplicarse y diseñar estrategias y acciones que les generen resultados, porque de lo contrario serán señalados como los responsables de los nulos efectos positivos que se tengan en esa materia.
Otro rubro que se percibe cojo y flojo en la administración estatal, es el referente al de la obra pública a cargo del titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), Alfonso Sánchez García, porque a más de 40 días de haber asumido el cargo el funcionario está desaparecido y se desconoce cuáles serán los proyectos próximos a emprender o si en estos meses la dependencia hará una que otra obra que justifique el salario del personal.
Valdría la pena conocer si la Secoduvi inició una evaluación y revisión de las obras realizadas por la pasada administración a fin de comprobar si lo que pagó está debidamente justificado, porque hasta donde se tiene conocimiento el nuevo Hospital General de Tlaxcala construido en San Matías Tepetomatitlan, comunidad del municipio de Apetatitlán, tiene serias inconsistencias e irregularidades, las cuales podrían retrasar su equipamiento y funcionamiento.
Hay que tener presente que el viernes de esta semana vence el plazo para que los titulares de las dependencias estatales y los presidentes municipales entreguen al Órgano de Fiscalización Superior sus observaciones sobre el proceso de entrega recepción, con lo cual se espera iniciar las procedimientos administrativos y penales para sancionar posibles desvíos de recursos públicos en que hayan incurrido los ex funcionarios.
Otra área del gobierno estatal que sigue siendo de ornato como pasó en la administración de Marco Mena, es la Contraloría del Ejecutivo en vías de convertirse en la Secretaría de la Función Pública y en donde despacha la morenista de conveniencia y priista de corazón, Eréndira Cova Brindis, porque simula que trabaja y se desconoce si ha iniciado procesos para castigar probables malas conductas de ex servidores públicos.
Nadie sabe cómo será el proceso para que los nuevos funcionarios presenten su declaración patrimonial y de intereses. Se desconoce si éstas se harán públicas y si aplicarán algún esquema innovador que permita a los ciudadanos tener la certeza de que los servidores públicos de la actual administración no saldrán millonarios como ha ocurrido en los últimos gobiernos encabezados por el panista Héctor Ortiz Ortiz, Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez.
Hay funcionarios lorenistas que les quedó muy grande el puesto, o no.
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