La posibilidad de que el blandengue ex gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez sea llamado a cuentas por las múltiples anomalías que se han empezado a detectar en su administración es casi nula, pero eso no incluirá a sus ex funcionarios que pronto enfrentarán procesos legales que podrían terminar en denuncias penales por el monto de las irregularidades financieras que se han encontrado y que están siendo documentadas.
La nueva gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, es la que viene marcando la línea a seguir en el proceso de revisión de su antecesor y ha optado por evitar los señalamientos y acusaciones estridentes, porque es obvio que no quiere armar un escándalo mediático y sobre todo generar falsas expectativas de que ahora sí se castigará la corrupción cuando aún se está armando el rompecabezas que utilizó la gestión de Marco Mena para mover y desaparecer dinero público a través de ciertas empresas, contratistas y colaboradores.
Llegado el momento la mandataria morenista sacará la guadaña y hará que los responsables de los desfalcos millonarios empiecen a caminar al patíbulo para que enfrenten a la justicia. En ese proceso jugará un papel clave la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto Castillo.
En una entrevista ofrecida por la gobernadora Cuéllar, reveló que hasta ahora se han encontrado múltiples carencias y anomalías en las dependencias estatales, razón por la cual se llevan a cabo procesos precisos de fiscalización a fin de deslindar responsabilidades, pues la intención es llamar a cuentas a los ex funcionarios que presuntamente hayan incurrido en desfalcos.
Un primer dato de esas irregularidades tiene que ver con la falta de comprobación y el destino poco claro que el gobierno del priista Marco Mena le dio a 203 millones de pesos que no fueron justificados correctamente ante el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Tal y como pasó en el gobierno del panista Héctor Ortiz Ortiz, en la administración del rancio priista Mariano González Zarur y ahora en la gestión del castrado Marco Antonio Mena Rodríguez, el desfalco de recursos públicos en la Secretaría de Salud de Tlaxcala ha sido la constante, sin que hasta ahora haya existido la auténtica voluntad de investigar y castigar esos actos de corrupción.
Marco Mena conoció y se enteró de las graves irregularidades financieras y administrativas que cometió el gobierno de Mariano González, mismas que en muchos casos fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo ese priista de ocasión decidió correr el manto protector para encubrirlas y de esa forma agradecer que el hacendado lo hubiera elegido como su sucesor.
Hoy la realidad es otra y la gobernadora Lorena Cuéllar difícilmente se prestará para tapar desfalcos y transas. Si ya adelantó que no están comprobados más de 200 millones de pesos del INSABI, es porque el caso está documentado y pronto iniciarán los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas y penales.
Pero no crea que esa es la única irregularidad registrada en las dependencias, pues también se ha detectado una compleja red de empresas utilizadas en la administración menista para obtener recursos públicos sin que existan evidencias de los trabajos que supuestamente realizaron.
El tema dará para mucho más y será cuestión de tiempo para ver quiénes serán los funcionarios de Marco Mena que enfrentarán la ley.
Por cierto, ayer la mandataria tlaxcalteca también decidió poner fin a la historia de la próxima Feria de Tlaxcala. Lorena Cuéllar decidió proteger la salud de los habitantes y optó por cancelar definitivamente ese evento que por segundo año consecutivo no se realizará.
La prioridad de la gobernadora es avanzar en la vacunación contra el Covid-19 y garantizar que en las próximas semanas se cumplan las metas de inmunización. Hasta ahora más del 50 por ciento de la población de Tlaxcala ya ha sido inoculada y el estado se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en esa actividad.
Tlaxcala podría ser de los primeros estados en el país en encaminarse a la normalidad, lo que permitirá a las nuevas autoridades desarrollar las acciones y programas que se pretenden llevar a cabo para retomar el camino del crecimiento económico.
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