Una pregunta que flota en el aire y que no ha obtenido respuesta es sí los ex presidentes municipales que saquearon sus ayuntamientos enfrentarán la ley o prevalecerá la impunidad que ha existido en administraciones panistas y priistas que solaparon esas malas prácticas.
Hoy a tres días del cambio de alcaldes, la queja es generalizada y en la mayoría de las 60 presidencias municipales es común escuchar quejas en el sentido de que los ayuntamientos están en quiebra, con adeudos con los trabajadores y proveedores, saqueados en materia de vehículos y equipo, pero lo que es más grave con personal basificado de familiares de ex ediles, acción que dañan gravemente las de por sí paupérrimas finanzas de esos ayuntamientos.
La última vez que se optó por poner un freno a los presidentes municipales en funciones y ex alcaldes fue en el gobierno del entonces perredista Alfonso Sánchez Anaya, pero por una decisión más de los diputados locales que de ese ambicioso y desprestigiado mandatario.
En las administraciones del panista Héctor Ortiz Ortiz y de los priistas Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez el común denominador fue la impunidad, porque jamás hicieron el menor movimiento para tratar de sancionar o castigar a los ex presidentes municipales que literalmente saquearon los ayuntamientos.
En estos momentos nadie sabe con precisión si en el nuevo gobierno estatal que encabeza la morenista Lorena Cuéllar Cisneros prevalecerá esa práctica o por primera vez se verá que los ex alcaldes enfrenten procesos penales y pisen la cárcel por sus abusos y malas mañas administrativas.
El problema de corrupción en los municipios tlaxcaltecas va desde el más importante hasta el más pequeño. En el gobierno capitalino los malos manejos financieros saltan a la vista al igual que los excesos cometidos por Víctor Hugo Gutiérrez Morales, ex secretario de ese ayuntamiento que en complicidad con el dirigente del sindicato de burócratas “7 de Mayo”, Edgar Tlapale Ramírez, logró basificar a familiares y “novias” en otros ayuntamientos.
La anterior práctica también la llevaron a cabo los ex presidentes municipales de Apetatitlán y Totolac, Eloy Reyes Juárez y Giovanni Pérez Briones, respectivamente, quienes también son señalados de haber malversado importantes sumas de dinero público durante los cuatro años y ocho meses que duraron sus administraciones.
Ojalá los ex presidentes municipales sean llamados a rendir cuentas y se les aplique la ley, porque es urgente que en Tlaxcala se ponga fin a tan grotesca impunidad. Está claro que el Sistema Estatal Anticorrupción no funciona ni sirve y que es necesario cambiar lo que está podrido, empezando por correr al nefasto procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez.
Se dice que en breve Tlaxcala volverá a tener una “procuradora de hierro” tal y como se tuvo en la administración del hacendado gobernador Mariano González donde Alicia Fragoso Sánchez terminó siendo una gran decepción.
La recién nombrada subprocuradora de Operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, se perfila para asumir las riendas de esa dependencia, sin embargo existen grandes dudas sobre si la ex magistrada tendrá la capacidad y la voluntad para terminar con la corrupción y la simulación que prevalece en esa instancia gubernamental, porque de nada sirve que sea “honesta y dura” si al final se rodeará de malos servidores públicos.
Así como se da un hecho que la gobernadora Lorena Cuéllar impondrá a su amiga Ernestina Carro como procuradora de Justicia porque ya dejó la instrucción a los nuevos diputados locales, se rumora que Antonio Portillo, será el nuevo Director de la Policía de Investigación de la PGJE.
Ese personaje de malos antecedentes ya anda asignando cargos a los que dice, serán sus comandantes operativos.
Lo que quizá no se sabe es que Antonio Portillo es compadre del aún oscuro procurador, José Antonio Aquiahuatl, quien lo colocó en el área de combate al delito de secuestro cuando llegó a esa dependencia.
Sin embargo, su nefasto desempeñó habría dejado como consecuencia la muerte de dos personas que estaban en cautiverio o secuestradas, una mujer, cuyo cuerpo fue hallado en los límites de los municipios de Tetla y Apizaco, misma que presentaba huellas de tortura y se encontraba maniatada en unos terrenos de labor casi a pie de la carretera de Apizaco – San Francisco Atexcatzinco.
Así como de un hombre, quien también fue ejecutado y abandonado en San Luis Apizaquito, rumbo a Ciudad Industrial Xicohtencatl.
El hecho se registró en el 2019. Ambas víctimas fueron asesinadas presuntamente por la banda del “Ex Federal” que curiosamente fue capturado por oficiales de la Policía de Investigación una vez que quitaron a Antonio Portillo como responsable del área creada para combatir al secuestro en Tlaxcala.
Este “comandante”, dice contar con el respaldo de Lorena Cuéllar y que una vez que llegue a la Dirección, despedirá a los oficiales que no son de su agrado.
En tanto, a sus amigos ya les ofreció comandancias y espacios que serán de interés del que se dice “abogado”.
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