Conforme se concrete la entrega recepción del gobierno estatal se empezarán a evidenciar que no toda la información que actualmente se difunde como parte del cierre de la administración estatal que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez es real o verdadera, como el hecho de asegurar que se heredará una gestión sin deuda o que la generación de empleos fue un éxito.

 

 

De acuerdo con la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, su administración que inicia el próximo 31 de agosto recibirá una deuda de más de 18 mil millones de pesos de Pensiones Civiles, asunto del que nadie ha querido hablar o dar detalles sobre ese enorme hoyo financiero que, de ser cierto, complicará el arranque del nuevo gobierno.

 

Y si bien lo anterior representaría el mayor problema financiero que podría heredar la administración de Cuéllar Cisneros, también es probable que se encuentre con “pequeños adeudos” que cínicamente están dejando algunas dependencias estatales como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX) en manos del mil usos con dotes de poeta frustrado, Manuel Camacho Higareda.

 

Según un oficio del director Administrativo del ICATLAX, René David Alonso Hernández, fechado el 10 de agosto, establece palabras más palabras menos que los instructores que hayan ofrecido algún curso en agosto y que exigen su pago deberán entregar la documentación correspondiente que justifique su contratación y el desarrollo de su trabajo a más tardar el viernes 13 del presente mes, pues los expedientes serán entregados a las próximas autoridades estatales con el estatus “en trámite” a fin de que esos adeudos sean liquidados por la nueva administración.

 

 

Se sabe que esa circunstancia involucra a instructores de al menos 10 planteles (Chiautempan, Tetla, Huamantla, Tepetitla, Tetlanohcan, Ampax, San Pablo del Monte, Calpulalpan, Tlaxco y Zitlaltepec) y que no sólo se les deberían los cursos de agosto, sino de julio, por lo que el monto que implicaría ese compromiso sería cercano al millón de pesos.

 

Manuel Camacho es responsable del Sepuede-Icatlax y encargado de la inservible Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, razón por la cual sabe del problema y de la deuda que pretende heredar a la administración de Lorena Cuéllar.

 

Ese funcionario que también entregó malas cuentas cuando tuvo a su cargo la Secretaría de Educación Pública, es el responsable de que la versión manejada por el mandatario Marco Mena en el video que difundió como parte de su último informe de gobierno resulte cuestionable, como es el hecho de presumir que la generación de empleos en Tlaxcala fue un éxito.

 

En los dos primeros años de la actual administración se generaron en Tlaxcala cerca de 12 mil nuevos empleos, sin embargo esa tendencia desapareció cuando dejó el gobierno estatal Luis Vargas González, ex titular del Sepuede-Icatlax, porque de acuerdo con la información disponible en los últimos tres años y por culpa de la pandemia de Covid-19 se perdieron más de 3,500 fuentes de trabajo.

 

Aunque el gobierno de estado insiste que en los últimos dos años se generaron más de 4 mil nuevos empleos formales, la realidad es que sólo se recuperaron los que habían sido cancelado y sólo se crearon alrededor de 400 nuevos espacios laborales, los cuales en gran parte se debe al personal que trabaja en las obras viales que actualmente se realizan en la vía corta, de ahí que no hay mucho que presumir en ese rubro.

 

Una diputada voraz

 

Luego de probar el poder y los beneficios que se obtienen por apoyar a determinados personajes para ocupar ciertas posiciones en el Poder Judicial y en organismos autónomos, la convenenciera diputada local del PEST, Luz Vera Díaz, anda presionando a los legisladores para que este día designen a María Aida González Sarmiento, ex presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como la nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, posición que dejará la intrascendente Isabel Romano Hernández.

 

Bajo el argumento de que es una instrucción de la gobernadora electa, Luz Vera presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos busca los votos necesarios para imponer a la mencionada mujer, lo cual tiene muy molestos a la mayoría de los diputados que han podido comprobar que su compañera a sacado provecho de las últimas designaciones que ha realizado el Congreso del Estado, pues se dice que sus recomendados han logrado buenas posiciones laborales en el Poder Judicial y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

 

Los abusos y excesos de esa legisladora que ya se frota las manos para ocupar la dirección general del Conalep en la próxima administración estatal, podrían complicar el nombramiento del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

 

Por cierto, le cuento que ayer otra diputada morenista se puso loca de contenta al enterarse que también será considerada para trabajar en el gobierno de Lorena Cuéllar.

 

Ana Bertha Mastranzo Corona, la ex coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado asumirá la responsabilidad de la envidiable Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (Cossies).

 

Ni hablar, se ve que fue difícil encontrar una posición de nivel para esa aliada del lorenismo.

*******************************************************************************************************