¿Será Raciel López Salazar quien resuelva el problema de inseguridad en Puebla?
- Dejó cuentas pendientes en Veracruz la titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP
- Proceso vuelve a poner en la mira al gobierno de Barbosa por demandas contra medios
Frente a la exigencia social de resultados en materia de seguridad pública, y de justicia de miles de universitarios que han decidido suspender actividades y tomar las calles para protestar por el crimen de tres de sus compañeros y un conductor de Uber, el nombramiento de Raciel López Salazar como nuevo secretario de Seguridad Pública del estado no cayó nada bien en algunos sectores, como el empresarial.
Como #CCEPuebla expresamos nuestra preocupación ante una designación repentina del nuevo titular de la @SSPGobPue por parte del @Gob_Puebla.
Por el bien del estado y la seguridad de los poblanos, esperamos que esta decisión realmente abone a la estrategia de seguridad pic.twitter.com/Iq30v9roYg— CCE Puebla (@CCEPuebla) February 28, 2020
Los antecedentes del ex procurador de Justicia chiapaneco y ex delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de México, y las noticias que de él se han publicado en internet, no parecen buenas cartas de presentación, para el tamaño del problema que tiene la entidad.
De entrada llama la atención que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta esté nombrando secretarios y subsecretarios venidos de fuera, cuando él mismo crítico en campaña esta práctica de su antecesor Rafael Moreno Valle y prometió no replicarla en su gobierno.
Raciel López Salazar es oriundo de Chiapas, como otros colaboradores muy cercanos al mandatario poblano, y fue procurador y fiscal de Justicia de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, ambos gobernadores de Chiapas. Sin embargo no es eso lo que se le cuestiona, sino las referencias negativas que de él existen en internet.
Tampoco son poblanos los subsecretarios de la dependencia, llegados hace poco de Veracruz: El capitán de Marina Eduardo Galindo Castro y el ex fiscal regional de Coatzacoalcos Normando Bustos Bertheau, quienes tienen a su cargo las Subsecretarías de Coordinación y Operación Policial, y de Inteligencia e Investigación, respectivamente.
¿Qué acaso no hay poblanos o policías locales, con mejores antecedentes y trayectoria que Raciel López y los subsecretarios de Seguridad recién designados?
¿Cómo espera el gobernador Barbosa que los poblanos confiemos en su nuevo secretario de Seguridad Pública, con los señalamientos que lo involucran en la compra de equipo de seguridad con sobrecostos, espionaje, supuesto enriquecimiento y acoso contra activistas y periodistas?
La verdad es que frente al reto que tiene el gobierno en materia de seguridad y las movilizaciones universitarias en demanda de justicia, la apuesta por Raciel López Salazar se antoja arriesgada y quizás hasta precipitada.
Ojalá nos equivoquemos.
EN CORTO
Desde Veracruz nos hacen saber que la titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública del estado, María Inés Núñez Monreal dejó cuentas pendientes en aquella entidad como directora del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos (Itesco).
El asunto no es menor, considerando que el gasto de la SEP de Puebla representa casi el 40% del presupuesto estatal, y que la nueva Unidad a cargo de la política veracruzana y ex colaboradora del gobernador panista Miguel Ángel Yunes tiene denuncias y procesos abiertos por dinero sin justificar ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) de la vecina entidad.
La contadora María Inés Núñez tiene una denuncia de la SEP de Veracruz por 139 millones de pesos y observaciones ante el Orfise por 3 millones de pesos correspondientes a su cuenta pública de 2018 como directora del Itesco.
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A propósito.
En la semana que concluyó otra vez hubo cambios en la Dirección de Recursos Humanos de la SEP estatal.
Fue relevada del cargo Araceli Bautista Gutiérrez, madre del ex presidente auxiliar de Chalchihuapan Jairo Montes Bautista y ex aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, y quien a su vez sustituyó a Víctor Carral Cortés, quien fue el primer director de Recursos Humanos en la gestión barbosista.
En su lugar fue designada Patricia Campos Peña, quien es egresada en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica de México. No está de más señalar que la tercera directora de Recursos Humanos de la SEP tampoco es poblana, ni ha trabado aquí.
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El semanario Proceso fijó otra vez su atención en el gobierno de Miguel Barbosa y en particular en las cuatro demandas civiles por daño moral funcionarios y políticos cercanos a él han interpuesto contra e-consulta y otros medios que publican mi columna como El Popular y Datamos.
En el reportaje de tres páginas titulado Medios poblanos bajo asedio, la corresponsal de la revista advierte que las demandas civiles, por las cuales se reclama un pago de 20 millones de pesos, intentan acallar la libertad de expresión bajo el concepto de “malicia efectiva” que fue el utilizado por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, contra el investigador y articulista de Reforma, Sergio Aguayo.
Esta semana, por cierto, los defensores de los medios demandados por funcionarios barbosistas tendrán que responder la primera de las cuatro demandas por daño moral presentadas en su contra. La primera, que se ventila en el Segundo Juzgado en materia civil, fue promovida por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla.
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