Romero Serrano: juez y parte en la ASE
El nombramiento de Francisco Serrano Romero como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) no sólo confirma el gatopardismo de la 4T, de cambiar todo para que todo siga igual, sino la intención de tener al frente de este órgano a un auditor carnal y subordinado.
Desde que se lanzó la convocatoria para designar a quien sucedería a David Villanueva Lomelí era claro que había un favorito y que éste era ni más ni menos que el dirigente patronal de un sindicato de membrete, que antes de su postulación buscó ser candidato diputado local o federal por Morena, en las elecciones de 2018.
Con su nombramiento la 4T perdió la oportunidad de convertir a la ASE en un verdadero instrumento de fiscalización y rendición de cuentas, de transformar a este órgano dependiente del Poder Legislativo en un ente eficaz y eficiente de combate la corrupción y de acabar con la miserable misión que los últimos gobernadores le han asignado.
En los hechos la ASE funciona como garrote político de críticos y adversarios, y como garante de impunidad de servidores públicos corruptos leales al poderoso en turno.
A diferencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyos auditores realizan al año unas 1,800 auditorías, la de Puebla sólo hace alrededor de 300, encargadas a despachos externos con muy magros resultados, a juzgar por la cuantía de sus observaciones y pliegos de cargos, así como por las multas que aplica y el monto que logra recuperar de los sujetos procesados por daño patrimonial.
Las comparaciones son odiosas, pero necesarias.
Mientras la ASF —que cuenta con 3 mil 500 empleados, de los cuales el 60% son auditores— realizó en el último ejercicio 1,811 auditorías con su propio personal, la ASE que cuenta con 310 trabajadores, de los cuales sólo el 27% son auditores, únicamente practicó, por medio de una centena de despachos externos, 326 auditorías en 2018.
Esta realidad es una de las grandes dificultades que enfrenta la ASE de Puebla, pues sus auditores externos —entre los que se encuentra su nuevo titular, a través de su despacho Romero Serrano y Asociados SC— no tienen como objetivo principal detectar y corregir irregularidades, desvíos y desfalcos, sino proteger y encubrir a los sujetos que supuestamente auditan.
En otras palabras su misión es garantizar impunidad, y no combatir la corrupción, o facilitar a la Auditoría su trabajo de fincar responsabilidades, sancionar a los servidores públicos deshonestos y recuperar los montos malversados.
Por esta circunstancia, los resultados de la fiscalización en Puebla siempre son mediocres y la Auditoría Superior del Estado nunca detecta desvíos o peculados millonarios, ni consigue que secretarios de despacho, presidentes municipales y directores de paraestatales y organismos descentralizados que se enriquecieron de manera ilícita devuelvan los recursos públicos que se robaron.
Por esta razón el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, le dijo tanto al diputado Gabriel Biestro Medinilla como al gobernador Luis Miguel Barbosa que no tenía favorito, pero que tampoco permitieran que la Auditoría del Estado quedará en manos de auditores externos.
Y por esta razón les hizo hincapié en que no perdieran de vista que el 90% de los recursos del estado eran de origen federal, que los convenios de colaboración que hoy existen podrían reducirse y que la Auditoría a su cargo apoyaba la propuesta del presidente López Obrador de federalizar las auditorías debido a la subordinación de los órganos estatales a los gobernadores.
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