Un fallo que levantó cejas hasta de mandos medios de la Secretaría de Finanzas, por las facilidades otorgadas a la empresa que ganó el concurso de 100 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, pero sobre todo por el margen de utilidad que se llevarán sus socios con equipamiento de esas unidades, es el de la licitación nacional marcada con la clave GEP-SPFA-LPN-040-054/2025.
Dicho contrato, por un monto de 114 millones 999 mil pesos, se adjudicó el 15 de abril a la empresa DIZAR SA de CV, después de que la otra empresa licitante Reparacar Consignación y Servicios S.A. de C.V., fue descalificada por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados en el numeral 4 de las bases.
Antes de IVA, el costo unitario de cada patrulla equipada de la marca Volkswagen asciende a 991 mil 379 pesos.
Vayamos a los detalles.
El precio comercial de estos vehículos modelo 2025 fluctúa entre los 489 mil y los 599 mil pesos. El costo de flotilla debe ser inferior y podría situarse en 520 mil pesos por unidad.
De acuerdo con funcionarios expertos, el costo promedio de equipamiento de una camioneta tipo SUV fluctúa entre 175 mil y 200 mil pesos. Sumando el precio del vehículo, más el costo del equipo, cada una patrulla debía costar 720 mil pesos.
Lo anterior significa, en números redondos, que el proveedor obtendrá por cada patrulla equipada una utilidad superior al 27%.
Sin embargo, lo más grave de esa licitación convocada por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios no es el monto que el gobierno paga, sino que lo contratado no corresponde con lo que se pidió en la licitación.
Para no aburrirlo con detalles, le muestro aquí una tabla comparativa de las especificaciones y características técnicas que se solicitaban en el anexo 1 de las bases de la licitación, con las que finalmente aparecieron en el acta de fallo. Como podrá observar son diferentes, y aquí la empresa ganadora no fue descalificada como sucede en otros concursos y procedimientos efectuados por la Secretaría de Finanzas.
Ya usted imagínese las causas o los motivos. Yo sólo le expongo los datos.
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Antes de que se abriera el proceso de auscultación para nombrar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier quiso nombrar al frente de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación a una dirigente de un partido de oposición, para más señas perredista.
Ésta declinó la invitación y fue entonces que se abrió el proceso para sustituir a Luis Javier Cervantes López, sin dar chance a los colectivos y organizaciones locales de desaparecidos de impulsar a uno de los suyos.
Al final la decisión favoreció no a un experto en el tema, sino a un exmilitante del PRI, que fue presidente municipal de Chignahuapan, diputado local por ese distrito de la Sierra Norte y fallido candidato del PVEM a la alcaldía en 2024, por lo que fue nombrado subsecretario de Gobernación en la gestión del gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
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La regidora del Ayuntamiento de Puebla, la priista Shirley Ponce Luna, nuevamente volvió a sorprender a sus pares durante la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun).
La también dirigente del Onmpri Municipal de Puebla se quejó de no recibir información en tiempo y forma sobre los asuntos a tratar en la sesión convocada por el coordinador general del Instituto Municipal de Planeación, Jesús Sánchez Reliac.
En su intervención dijo que al no contar con información sobre las propuestas de acción presentadas por las secretarías de Medio Ambiente y de Movilidad e Infraestructura y sobre las actividades sociales de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, no podía avalarlas.
Sin embargo, minutos después olvidó su molestia y votó a favor estas propuestas.
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