La detención en Guadalajara del “empresario” Nazario Ramírez Ramírez, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien enfrenta acusaciones de extorsión y tráfico de droga en los estados de Puebla y Jalisco, es un asunto que debería tener al Gobierno del estado, en particular a las secretarías de Gobernación, Bienestar y Seguridad Pública, más que preocupadas.
Sí, preocupadas y alarmadas por los estrechos vínculos de este presunto criminal con altos funcionarios de la administración estatal, presidentes municipales —señaladamente el morenista de Oriental, Fidel Flores Concha— y con la delegada de la Secretaría de Bienestar en la región de Libres, Anallely López Hernández, quien se daba vida de novia buchona con viajes al extranjero, autos de lujo, ostentosos obsequios, ropa, zapatos y bolsas de diseñador y viajes en helicóptero.
Pero sobre todo porque la presencia, los negocios y las actividades de Nazario Ramírez —detenido en Jalisco por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del Ejército— podrían explicar la inseguridad en la región, los robos de transporte de carga en las carreteras Oriental-Perote, Oriental-Amozoc y Oriental-Teziutlán, las extorsiones y el cobro de piso.
No deja de extrañar que ante las evidencias, complicidades e inocultables nexos de Nazario Ramírez con políticos y autoridades locales, ni el Gobierno ni la Fiscalía de Justicia hayan salido a deslindarse de este presunto criminal, anticipado posibles renuncias o anunciado investigaciones para deslindar responsabilidades.
Este extraño comportamiento deja la impresión de que los políticos y funcionarios ligados a Nazario Ramírez no serán molestados o que las ilícitas actividades y negocios de éste eran conocidos y hasta tolerados por presidentes municipales y policías.
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Echan abajo asesoría en la Dirección Jurídica y reunión de la SEP en el Congreso
Con la novedad de que después de lo aquí publicado el secretario de Educación Pública del estado, Manuel Viveros Narciso, echó abajo el nombramiento de Ricardo Roberto Cervantes Salas como asesor y secretario particular de la directora general Jurídica y de Transparencia de la dependencia, Gabriela Marlene Rojas Rosas.
El secretario dio la instrucción a Ricardo Roberto Cervantes de regresarse a la Dirección de Formación Docente, si no quería meterse en líos y complicar la situación de la casi treintañera Gabriela Marlene Rojas, quien como aquí se indicó carece de experiencia y los conocimientos necesarios para llevar un área tan complicada en la SEP como la Dirección General Jurídica y de Transparencia.
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Otra cuestión que también se corrigió es la sede de la Segunda Reunión Administrativa y de Información del Ciclo Escolar 2025-2026 a la que inicialmente habían sido convocados jefes de sector y supervisores escolares de los diferentes niveles educativos.
Esta junta ya no se efectuará en la nueva sede del Poder Legislativo, allá en la zona de Los Fuertes, donde despacha la diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, sino en el Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias.
En la reunión los jefes de sector y supervisores escolares serian instruidos sobre los lineamientos administrativos y de gestión y los criterios académicos y pedagógicos que se implementarán en el nuevo ciclo lectivo.
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