Si en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina eran muy criticadas las licitaciones convocadas por la Secretaría de Administración y la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, que daban a los posibles concursantes 48 horas para adquirir las bases, en el gobierno de Alejandro Armenta Mier esta mala práctica sigue repitiéndose.
En la administración de Sergio Salomón la prisa era hasta cierto punto entendible por el poco tiempo que tenía, pero en un gobierno que comienza, que no cumple ni 100 días, esta práctica de lanzar licitaciones nacionales y dar a sus posibles participantes menos de 48 horas para adquirir las bases e inscribirse, francamente da qué pensar.
Lo menos que uno puede suponer es que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración está desorganizada o le ganaron las prisas, pero tratándose de millonarias licitaciones de bienes y servicios la verdad es que la presunción de que esos concursos están dirigidos o tienen destinatario no son descabellados, sobre todo cuando trascienden los nombres de las empresas que las ganarán.
Este lunes se publicaron cuatro licitaciones nacionales: una para que el ISSSTEP contrate diferentes pólizas de seguro; otra para contratar el servicio de suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas con chip para la Secretaría de Educación Pública; una tercera para contratar el servicio de vigilancia en las estaciones, paraderos y terminales de las líneas 1, 2, 3 y 4 de RUTA, y una cuarta para otorgar licencias digitales para los programas de ofimática y correo institucional.
Lo que llama la atención de estas licitaciones es que las cuatro hayan aparecido el mismo día, y que en las cuatro el plazo para comprar las bases que este lunes se publicaron se cierre mañana martes 18 de febrero a las 16 horas.
Insisto en lo que le comenté aquí el miércoles de la semana pasado, a propósito de dos licitaciones para el suministro de insumos alimenticios para la Policía Auxiliar y el Sistema Estatal DIF, qué licitación pública nacional que se precie de seria, legal, imparcial y sin dedicatoria, puede fijar un periodo de menos de dos días para adquirir las bases, cubrir una serie de requisitos y presentar propuestas técnicas y económicas para inscribirse en concursos tan especializados como los arriba comentados.
¿Acaso para la Secretaría de la Función Pública (o Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), a cargo de Alejandro Espidio Reyes, es normal que las licitaciones de bienes y servicios convocadas por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración sean tan apresuradas, con plazos tan cortos para comprar las bases, inscribirse, el envío de dudas y la presentación de documentos y propuestas técnicas y económicas?
¿No será que la directora de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Alma Luz Villegas Pozas, ya sabe para quiénes van dirigidas esas licitaciones y sólo cubre las formas?
¿O que el subsecretario de Egresos, Víctor Hugo Domínguez Amado, o el subsecretario de Administración, Ángel Pérez Portada, ya tienen previamente seleccionados a las empresas que ganarán esas licitaciones, y sólo le hacen al Tío Lolo?
Conste que son preguntas.
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