Después de que manera tardía funcionarios de la Secretaría de Gobernación del estado se metieron a investigar la red de corrupción en el Registro Civil por la expedición de actas de nacimiento simuladas a migrantes chinos y de otros países, la naturalización de extranjeros mediante matrimonios falsos y la celebración de bodas civiles con jueces falsos, los despidos y renuncias de empleados y funcionarios de esta dependencia son la constante en las últimas dos semanas.
Antes de que el jueves 31 de octubre trascendiera la renuncia de José Francisco de la Fuente Flores como director general del Registro Civil y su sustitución por Sansón César Espinosa Sosa, sobrino del subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación del estado, Carlos Reyes Espinosa, comenzaron a rodar varias cabezas.
Entre ellas las de Ana Karen Casas Pérez, quien formalmente se desempeñaba como jefa de Departamento de Emisión de Actas, pero que en los hechos actuaba como la operadora de la red de corrupción; Viviana Marín Pardo, sobrina de ésta y cómplice de José Francisco de la Fuente; y la juez del Registro Civil, Cecilia Gabriela García Romero, quien era la encargada de cobrar y recibir los pagos en efectivo de los gestores por todas las actas de nacimiento y matrimonios falsas que se expedían, así como por las bodas civiles que celebraban, por lo regular en hoteles, salones de fiestas y restaurantes como Casa Reyna.
Ana Karen fue cesada el 22 de octubre, no sin antes armar tremendo alboroto en diferentes instancias de la Secretaría de Gobernación para conseguir una audiencia con el subsecretario de Desarrollo Político, Carlos Reyes.
Ese mismo día salió del Registro Civil Cecilia Gabriela García, quien ya venía dobleteando en el Ayuntamiento de Puebla, como se puso de manifiesto el día 21 de octubre en la cuenta oficial de Pepe Chedraui, al aparecer fotografiada en un acto de entrega-recepción.
José Francisco de la Fuente trató de evitar su despido, pero no pudo impedirlo. Todos en el Registro Civil sabían que Cecilia Gabriela tenía plaza de juez, con un salario de 22 mil pesos mensuales, pero que en realidad era la encargada del cobro de moches en efectivo, y llevar la bitácora de entradas y salidas del dinero ilegal en un galerón ubicado en la parte posterior de las oficinas centrales, que era usado como estacionamiento y al que nadie podía acceder.
Viviana Marín Pardo dejó de laborar el 31 de octubre y la trabajadora de base Nancy Verónica Castañeda Cabrera, que también era parte de la red de corrupción, como gestora de los moches y encargada de verificar las modificaciones de las actas en la Ventanilla 8 del Registro Civil, fue reubicada en la Subsecretaría Jurídica.
Otros funcionarios y empleados que también están implicados en las transas y la expedición de actas falsas, pero que aún siguen laborando en las oficinas del Registro Civil son el subdirector de Sistemas Josué Sinaí Gutiérrez Mejía, y su jefe de Departamento Julián Persival Ortiz Herrera, quienes tenían la instrucción de borrar o eliminar cualquier rastro que pudieran dejar en el Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID), y el juez civil Francisco Brian Atanacio Schiaffini, quien junto con otros colegas se encargaba de expedir actas de nacimiento o matrimonio falsas o de hacer anotaciones fuera norma en los archivos del Registro Civil.
Esta historia continuará…
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