Una cuestión que estará en el centro de la polémica y la guerra arancelaria entre Estados Unidos y México, por las supuestas alianzas de algunos cárteles del narcotráfico con autoridades mexicanas, son las instituciones de seguridad pública y los titulares de algunos gobiernos locales.
Después de que el presidente Donald Trump anunció que a partir del martes todos los productos mexicanos que entren a Estados Unidos serán gravados con un arancel del 25 por ciento y la advertencia de que si México responde con acciones similares su gobierno aumentará las sanciones al país, no le extrañe que información sensible que vincula a ciertos políticos mexicanos con organizaciones del crimen organizado comience a filtrarse.
Si bien es cierto que el gobierno mexicano ha fallado en el combate al narcotráfico y tolerado a los cárteles que en territorio nacional operan la producción de fentanilo y otras drogas, también lo es que en Estados Unidos tampoco han hecho lo suficiente para disminuir el consumo, impedir la distribución de drogas, frenar la venta de armas de alto poder a los cárteles mexicanos, sancionar y detener a quienes lavan en Estados Unidos las millonarias ganancias que dejan estas sustancias y encarcelar a los jefes de los cárteles de allá.
Para que resulte la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la corresponsabilidad que ambos países tienen en la producción, contrabando, distribución y consumo de fentanilo, quizás sea el momento que las autoridades mexicanas revelen lo que saben de las mafias y redes de complicidad en Estados Unidos.
Antes, insisto, de que Donald Trump y sus emisarios comiencen a documentar lo que aquí tanto se niega: los vínculos y alianzas de ciertos gobernantes y políticos mexicanos con los cárteles del narcotráfico.
O usted cree que el gobierno de Estados Unidos, sus policías e investigadores no saben quiénes son los actores políticos, militares y policíacos aliados al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo y Los Zetas, por mencionar sólo a los principales.
Acaso que cree que cuando los Estados Unidos detienen o extraditan a narcotraficantes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Ovidio Guzmán López ‘El Ratón’, Joaquín Guzmán López ‘El Güero Moreno’, Vicente Zambada Niebla ‘El Vicentillo’, Dámaso López Núñez ‘El Licenciado’, Dámaso López Serra ‘El Mini Lic’, Edgar Valdez Villareal ‘La Barbie’, Alfredo Beltrán Leyva ‘El Mochomo’, y otros más antiguos como Rafael Caro Quintero y Miguel Arellano Félix, no les sacan la sopa de sus nexos con gobernantes, políticos y empresarios.
O que la inteligencia de ese país no tiene claro cuáles son y hasta dónde llegan las complicidades de funcionarios y políticos mexicanos como Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos Zepeda, Roberto Sandoval Castañeda, Edgar Veytia Cambero y Tomás Yarrington Ruvalcaba, con los cárteles del narcotráfico.
Por supuesto que sí, de ahí que el desplegado que este domingo mandaron a publicar los gobernadores agrupados en la CONAGO, cerrando filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y negando la existencia de nexos de la Federación y ellos mismos con las organizaciones del narcotráfico, sólo es puro rollo, palabrería hueca.
La presidenta hace bien en no caer en las provocaciones de Trump, en responder con la cabeza fría, en plantear coordinación y no subordinación con el gobierno de Estados Unidos y en plantear una serie de acciones y medidas arancelarias y no arancelarias.
Pero creo que esta narrativa debe acompañarla de evidencias que demuestren que el problema del fentanilo y otras drogas sintéticas en un asunto compartido, de allá y de acá, y que en Estados Unidos hay también organizaciones, mafias, cárteles, que lo distribuyen, lo llevan al consumidor final y obtienen millonarias ganancias que son lavadas en instituciones financieras y empresas de ese país.
El gobierno mexicano seguramente también tiene nombres. Es el momento de sacarlos a la luz, antes de que Trump lo haga y nos siga poniendo como los malos de la película.
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Además de los nombres que le comenté aquí el miércoles, anoté a los siguientes que buscan llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Para el cargo de ministro de la SCJN, al parecer el único sobreviviente es el doctor en derecho y funcionario del INE, Juan Manuel Crisanto Campos, ya que el ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, ya no figura en ningún listado.
Los que buscan ser magistrados electorales son Jorge Sánchez Morales, para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Norma Angélica Sandoval Sánchez, para la Sala Regional de la Ciudad de México.
Otros aspirantes al puesto de magistrados del Sexto Circuito son Carlos Barrientos Sánchez, hermano de la subsecretaria de Económica, Mónica de los mismos apellidos, y su esposa Lidiette Gil Gil; Hazel Mier Arriaga, exesposa del notario José Maria Fuentes Mateos de San Martín Texmelucan; y David Jorge Siu Huerta, hijo del difunto Jorge Siu Camarena quien fuera subprocurador en la gestión de Carlos Alberto Julián y Nacer.
La lista la completan Carlos Lledias Lezama, hijo del abogado tehuacanero Carlos Higinio Lledias Saavedra; Ana Gabriela Morales Alfaro, hija del exgobernador Melquiades Morales Flores; y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, recién nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
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