Como consecuencia del adelanto que ayer le hice sobre un escándalo de corrupción que en cualquier momento se destapará en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP) y en algunos de los principales Registros Públicos de la entidad, este martes hubo una limpia de registradores y se dirigió un memorándum para prohibir el acceso a los funcionarios removidos.
La intención de la mafia que controla el IRCEP es culpar a los registradores que echaron, algunos de los cuales no se prestaron a los fraudes y transas, de las anomalías que están por destaparse y que van desde la adquisición de inmuebles y predios a precios irrisorios o por usucapión, la evasión o el no pago de impuestos como el ISR, la desaparición y extravío de folios y la duplicación de éstos en diferentes oficinas del Registro Público.
La limpia emprendida por la mafia de la exdirectora general Lizeth Delfín Domínguez y el director del Registro Público de la Propiedad, Jorge López Hernández, ya afectó a varios registradores de circunscripciones territoriales foráneas, que ahora tienen estrictamente prohibido ingresar a las que fueran sus oficinas, así sea para recoger sus pertenencias personales.
A la par los registradores nuevos, más los que lograron mantenerse, recibieron otro mensaje en sus teléfonos celulares en el que se les hace saber por medio de la Dirección de Catastro del extravío de 50 formas oficiales de avalúo catastral con clave 0309002. Dichas formas van del folio número 28737101 al 28737150.
Por medio de ese texto, sin número, se les instruye difundir entre su personal el extravío de esas formas, a retenerlas y a reportar a su superior jerárquico si una de estas llegara a ingresar a las oficinas registrales a su cargo.
La intención de estas maniobras, instrucciones y memorándums es clara. Por un lado, curarse en salud, ahora que salgan al descubierto las transas y fraudes cometidos por los registradores, los despojos de bienes y predios rústicos, urbanos y suburbanos y las operaciones de compra-venta irregulares escrituradas por notarios públicos a favor de constructoras, desarrolladores inmobiliarios, empresarios y políticos locales.
Y por otro lado echarles la culpa a los registradores ajenos a la mafia, que por cobardes incurrieron en acciones ilegales o irregulares, o que de plano fueron removidos por rehusarse a entregar una cuota que va de los 20 mil hasta los 50 mil pesos mensuales en las rosticerías del esposo de Lizeth Delfín Domínguez.
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Romero Serrano teme por su vida
Un exfuncionario recluido en el penal de San Miguel que no la está pasando bien, por las frecuentes amenazas que recibe de un reo con tratamiento psiquiátrico, pero al que además se le acusa de distribuir y vender drogas duras dentro del Cereso, es el extitular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco José Romero Serrano.
El interno, que ayer lo amenazó con cuchillo en mano, responde al nombre de Efrén Bello, y actúa en complicidad con otros dos reclusos de las celdas A-2 y A-3, conocidos como Chucho y Aaron.
Las autoridades del penal deberían evaluar retirar a Efrén Bello de esa zona de dormitorios, antes de que ocurra una tragedia como aquella en la que perdió la vida el que fuera Oficial Mayor de la SEP, Óscar Chapa Palomeque, a quien se acusó del supuesto sobrecosto de 30 millones de pesos que la dependencia habría pagado por los uniformes escolares en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
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Perfilan a exdiputada de Morena en la Comisión de Búsqueda
Mientras el Congreso del Estado demora el nombramiento del o la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas y comienza a perfilar a la exdiputada local de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, como posible sucesora de María del Carmen Carabarin Trujillo y que sigue transándose a los empleados que supuestamente ayudó para que fueran contratados u obtuvieran una plaza.
Frente a las denuncias del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, que le exigió al gobernador Sergio Salomón Céspedes la renuncia de Carabarin y que su sustituto en la Comisión de Búsqueda no fuera un funcionario de Gobernación, las posibilidades de Arturo Saúl Vargas Rivas han venido a la baja.
Y es que el veto del Colectivo tuvo como claro destinatario al actual director de Acciones de Búsqueda, Arturo Saúl Vargas, quien llegó a la Comisión como recomendado del exsecretario de Gobernación del estado, Julio Huerta Gómez.
En el Congreso el proceso de selección del titular de la Comisión de Búsqueda ha sido poco transparente. Sólo se sabe que son 11 los aspirantes que serán dizque entrevistados por un panel de académicos que nadie conoce, y que entre los favoritos figura la exdiputada morenista Estefanía Rodríguez, quien no cuenta con la aprobación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
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