Aunque los dirigentes del PAN Puebla han protestado de manera recurrente los actos anticipados de campaña de varios funcionarios del gobierno del estado a cargos de elección popular, la verdad que su proceso interno es tan ilegal como el de Morena.
Oficialmente los comicios ordinarios de Puebla deben arrancar entre el 3 y 5 de noviembre, sin embargo el proceso panista de selección de candidatos ya está en marcha y no necesariamente privilegiando a figuras ciudadanas.
Sus aspirantes —militantes y no militantes— tienen hasta el 20 de junio para hacer saber al PAN su intención de participar por algún puesto y esperar que el día 25 del mismo mes les confirmen y validen su registro.
Y después de eso pasar a las siguientes etapas donde tendrán que recabar firmas de ciudadanos que cubran el 75 por ciento de las secciones del municipio o distrito por el cual buscan ser nominados, participar en foros en medios de comunicación, universidades y organismos empresariales y someterse a una encuesta.
Los finalistas deberán contar con al menos un 10 por ciento de conocimiento de los ciudadanos de su municipio o distrito, lo que parece muy complicado considerando que tendrán escasos 30 días para posicionarse.
Esta condición podría marginar de las candidaturas panistas a los ciudadanos que optaron por registrarse como aspirantes de este partido, sin estar afiliados.
El PAN dará a conocer su listado de elegidos el lunes 31 de agosto.
Los aspirantes de Morena, autodenominados coordinadores de la transformación, saldrán el 3 de agosto si van para una diputación federal, el 21 de septiembre si buscan una presidencia municipal, y el 8 de noviembre si serán postulados a una diputación local.
Eso significa que los panistas que tanto han criticado las campañas anticipadas de Morena están haciendo lo mismo, entrando a la lógica de las campañas adelantadas, quizás en menor escala y con menor derroche de recursos públicos y privados de aquellos, pero al final violentando la ley con actos, bardas rotuladas y eventos fuera de los tiempos oficiales.
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Sobrecostos y retrasos en la obra del estadio con pista tartán en la prepa Alfonso Calderón
Una obra que la doctora Lilia Cedillo Ramírez pretendía fuera icónica de su rectorado, el estadio de atletismo con pista de tartán y campo traviesa en terrenos de la preparatoria Alfonso Calderón Moreno, podría convertirse en su Waterloo.
La obra que, según la licitación, debió concluirse en diciembre pasado arrastra varias anomalías, comenzando porque la empresa ejecutora, no es la misma que ganó la licitación adjudicada el 8 de agosto de 2025.
El fallo lo obtuvo CICOMEX SA de CV, con sede en Guadalajara y cuyo representante legal es el ingeniero José de Jesús Bernal Lomelí, pero los trabajos están a cargo de Mondo Continental SA de CV, una empresa domiciliada en Tlaxcala que tiene como principal accionista a Gabriel Ramos Rodríguez.
El contrato ascendió a 160.9 millones de pesos, pero por los retrasos, correcciones y cambios al proyecto original terminará rondando los 200 millones.
El estadio con pista de tartán y campo traviesa fue un ofrecimiento de campaña de la rectora Cedillo, y para hacerla realidad ésta involucró a su entrenador personal Sergio Jiménez Cancino en el proyecto, y éste a su vez al constructor y promotor deportivo Gabriel Ramos, quien prometió varias justas deportivas internacionales, como el Campeonato de Atletismo Iberoamericano y el Mundial de Tiro con Arco, por mencionar sólo algunas.
A cinco meses de que las obras debieron concluirse, nada de eso se ha cumplido, los trabajos no van ni al 40% aunque la constructora de Gabriel Ramos ha cobrado más de 90 millones.
La ejecución del estadio presenta varias deficiencias técnicas y estructurales, de entrada porque el proyecto arrancó sin que la BUAP y la empresa CICOMEX cuenten con licencias de construcción, uso de suelo e impacto ambiental, y permisos de la Secretaría de Medio Ambiente, Conagua y Protección Civil.
En la medida que avanza la obra, los problemas siguen acumulándose, con cada vez más cuestionamientos que certezas.
A estas alturas se desconoce, por ejemplo, por qué el despacho que hizo el proyecto (A+A arquitectos), que tanto elogió la rectora de la BUAP el día que se colocó la primera piedra, se le quitó la supervisión.
Tampoco se sabe si la alfombra de tartán morado que se proyectó para la pista del estadio, y por la cual la licitación se adjudicó a la jaliscience CICOMEX y por la cual los costos aumentaron de 139 a 160.9 millones de pesos, sigue en pie o ya fue desechada.
Otras cuestiones que también se desconocen es si el estadio llevará el nombre del couch de la rectora Lilia Cedillo, como originalmente se pensó a manera de homenaje a Sergio Jiménez Cancino, médico, maratonista internacional, y entrenador de cientos de atletas y corredores poblanos.
Y hasta qué punto los funcionarios del Gobierno del estado que llegaron a la Dirección de Infraestructura Escolar de la BUAP, en sustitución de José Daniel Gámez, son responsables del sobrecosto de las obras del estadio y de algunos trabajos que modificaron el catálogo de costos y el listado de precios unitarios, así como los pagos extraordinarios por concepto de excavaciones y movimiento de tierras, en complicidad con el dueño de la empresa ejecutora de los trabajos.
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Órgano Interno de Control recibe denuncias de abogados litigantes
Si bien después de la denuncia pública que hicieron en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández y la jueza de control penal de Cholula, Karla Ivonne Munguía Olmos, las quejas administrativas presentadas por los litigantes César Pineda Zárate y Maurilio Vázquez Diego ya por fin fueron turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) del Poder Judicial, éstas seguirán congeladas.
De hecho, la encargada de OIC recibió instrucciones de recibir y atender las quejas de los abogados César Pineda Zárate y Maurilio Vázquez Diego, pero también la advertencia de que tampoco las agilice pues si así lo hiciera ella podría ser la siguiente en ser removida de esa oficina.
Los litigantes acusan que dentro del Poder Judicial se brinda protección a jueces y secretarios de juzgado involucrados en el llamado cartel inmobiliario de la región de Cholula, el cual ha despojado de propiedades y bienes inmuebles a decenas de vecinos y pobladores de municipios de este distrito judicial.
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