Si bien en la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta se cometieron excesos y abusos en aras de un falso combate a la corrupción, no todos los personajes que éste mandó encarcelar son presos políticos, ni inocentes palomitas.
Lo anterior viene a cuento por las declaraciones que este miércoles hizo el exsecretario de Movilidad y Transporte del estado, Guillermo Aréchiga Santamaría, para anunciar que fue exonerado de los delitos de corrupción y ejercicio indebido de funciones por los que fue acusado por el gobernador Barbosa y por los cuales pasó en prisión más de un año.
Una cosa es que los abogados del extinto gobernador hayan sido unos ineptos, entre ellos Florencio Madariaga Granados, y que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) hayan sido incapaces de acreditar las transas e irregularidades cometidas con la instalación de cámaras de vigilancia en el transporte público, y otra muy diferente que sea un perseguido, un preso político.
En la gestión de Guillermo Aréchiga sí hubo un gran negocio a costa de los transportistas que fueron obligados a instalar en sus unidades cámaras de seguridad que supuestamente se conectarían al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) del gobierno del estado.
En dicho negocio estuvieron involucrados funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y hasta familiares del mismísimo Aréchiga Santamaría, que aparecían como socios o prestanombres de la empresa que, por recomendación de la dependencia, se encargó de colocar los equipos de videograbación en los autobuses, micros y camionetas tipo van de transporte público de pasajeros.
De lo anterior el extinto gobernador Barbosa tuvo información de primera mano, que le fue proporcionada en su momento por el subsecretario de transporte, Seth Yassir Vázquez Hernández, y la principal operadora de éste, Mónica Mollinedo Casanova, quien cobraba como analista especializada consultivo “A”.
Yassir Vázquez, quien también hizo pingües negocios con el transporte público, las unidades pirata que permitía circularan en la capital y otros municipios, y con la venta ilegal de vehículos y mototaxis de los corralones del estado, pero que nunca fue sujeto a un proceso administrativo por su cercanía con Barbosa, fue el principal conspirador de Guillermo Aréchiga.
Éste y su paisano chiapaneco Florencio Madariaga fueron los que urdieron la trama contra el primer secretario de Movilidad y Transporte del gobierno barbosista, y los responsables de que Guillermo Aréchiga fuera a la cárcel de febrero de 2022 a marzo de 2023.
Si hoy por la coyuntura electoral Aréchiga vuelve a la arena política, no es porque quiera limpiar su nombre de las acusaciones que en su momento le hizo Miguel Barbosa, sino porque en realidad busca ser considerado para alguna candidatura a un puesto de elección popular en el 2024.
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