El ayuntamiento de Puebla y el Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla están obligados a explicar cómo es que se otorgaron 79 nuevas bases sin autorización del Cabildo —que es el único que las puede aprobar—, quiénes son los favorecidos con éstas y por qué entre los beneficiados figuran familiares del líder sindical Gonzalo Juárez Méndez, de su esposa Brenda Osorio Muñoz y de otros miembros de su Comité Ejecutivo como Fabián Lazcano Abascal, Alejandro Gutiérrez Rojas, Guadalupe Morales Huerta y Francisco Sánchez Duarte, entre otros.
No se trata de un asunto menor o de un tema meramente administrativo. Para nada. Esta situación podría convertirse en un escándalo de desvío de recursos públicos para el presidente municipal sustituto, y de corrupción y tráfico de influencias para el secretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla (SUETHAP) “Licenciado Benito Juárez García”, como se lo adelanté aquí el 17 de enero.
Son varias las anomalías o irregularidades de esta discrecional entrega de plazas de fin de trienio.
De entrada, lo primero que tendría que justificarse es quién aprobó, sin el aval del Cabildo que es la única instancia para autorizarlo, el otorgamiento de 79 nuevas bases, ya que el funcionario o la funcionaria responsables podrían haber incurrido en dos posibles delitos: uso indebido de funciones y desvío de recursos públicos.
En el artículo 16 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se especifica que son requisitos para obtener la base: concluir con el contrato de capacitación, tener una nota evaluatoria positiva por el área de Recursos Humanos, solicitar por escrito al presidente municipal el otorgamiento de la base y sobre todo, la aprobación correspondiente de Cabildo.
Las evidencias —en poder de este reportero— indican que los nuevos basificados no sólo han cobrado dos quincenas, la segunda de febrero y la primera de marzo, sino la mitad de un bono de fin de trienio.
¿Qué funcionarios de Recursos Humanos o del área de nóminas del ayuntamiento de Puebla autorizaron el cambio de estatus de estos empleados de contrato u honorarios, quién les dio la instrucción para otorgarles una base?, es algo que el presidente municipal Adán Domínguez Sánchez y el secretario de Administración, Edmundo Ochoa Villar, deben explicar.
Otra cuestión que también están obligados a aclarar es por qué entre los basificados hay gente que no cumple con 5 años de antigüedad y por qué entre los favorecidos no sólo hay familiares de Gonzalo Juárez y su esposa, sino operadores políticos y guardaespaldas del líder sindical, y parejas de éste y otros miembros de su Comité Ejecutivo.
En la lista de 79 beneficiados con una plaza figuran parientes de Gonzalo Juárez como Juan Carlos Espinosa Hernández y Alejandro Juárez García; su cuñada Fabiola Osorio Muñoz; el esposo de su secretario de Actas y Acuerdos, Luis Francisco Zamora Rodríguez; la hermana de su Jurídico, Minerva Teresa Cid García; el hermano de su secretaria de la Mujer, Julio César Morales Huerta; el hermano de su ex secretaria particular, Johanan Uzziel Muñoz Durán; el hijo de su secretario de Escalafón, José Raúl de la Cruz Rosales.
Además, el hermano de su secretario de Finanzas, Arnoldo Valdez Pimentel; la cuñada del secretario de Trabajo y Conflictos, Verónica Morales Rojas; el tío de la esposa de Gonzalo Juárez, José Luis Osorio Hernández; el hijo de su secretario de Comunicación, Francisco Kennet Sánchez Quiroz; los parientes de sus movilizadores electorales María Evelin Ruanova Mora y Carolina Sánchez Palacios; y los parientes de sus guardaespaldas “El Peluche” y “Bebezote”, Samuel Pérez Romano y Javier Antonio Pérez Rosas, respectivamente.
En la relación también aparecen parejas o amantes de algunos de sus secretarios que, por razones obvias, no serán mencionadas, pero que al interior del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Heroico Ayuntamiento de Puebla (SUETHAP) son ampliamente conocidas.
Una cuestión adicional que el gobierno municipal de Adán Domínguez y el líder sindical Gonzalo Juárez tendrían que explicar es por qué el ayuntamiento de Puebla se ha prestado a cobrar cuotas y préstamos supuestamente sindicales a empleados contratados por honorarios que no eran parte, al menos de manera formal, del Sindicato, y que acaban de beneficiarse con una base.
De acuerdo con información en poder de este reportero, respaldada en la nómina de la segunda quincena de enero, los empleados de honorarios a quiénes ya se les descontaban cuotas o préstamos del Sindicato, pese a carecer de una base o no ser parte del gremio son al menos 22, entre ellos los siguientes:
Claudia Bautista Jiménez, Vianey Araceli García Chávez, Fabiola Osorio Muñoz, Juan Carlos Espinosa Herrera, Julio César Morales Huerta, Norma Alicia Águila Ferrer, José Manuel Alejo Hernández, José Raúl de la Cruz Rosales, Carlos Daniel García Lozano, José Francisco Javier González Ramírez, Marcos Hernández Mendoza y Jorge Honorato González.
La relación la completan: Alejandro Juárez García, Humberto Narciso García, Honorato Ortigoza Guerrero, Jorge Juárez Vargas, Javier Arreguín Caleco, Verónica Morales Rosas, Sergio Saturnino Ortega Meza, Javier Antonio Pérez Rosas, Carolina Sánchez Palacios y Ana Karen Sandoval Xicoténcatl.
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Crimen político en Acatzingo
El asesinato del candidato de Morena y el PT a la presidencia municipal de Acatzingo, Jaime González Pérez, encendió los focos de alerta sobre lo que sucede en esa región del estado y la presencia del crimen organizado en la actual coyuntura electoral.
La muerte de Jaime González, cuya candidatura fue impulsada por el abanderado de la 4T a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, generó preocupación en su equipo de campaña, en el gobierno del estado y en la dirigencia morenista, por las versiones de que la ejecución no sería ajena a las disputas políticas y electorales que tienen lugar en Acatzingo, Felipe Ángeles, Palmar de Bravo, Quecholac y Tecamachalco.
Para nadie es un secreto que en estos municipios comprendidos dentro del llamado triángulo rojo las autoridades han sido incapaces de contener las tomas ilegales de gas y gasolina, el robo de combustible y de unidades de transporte de mercancías y los asaltos en carreteros.
El asesinato del candidato morenista a la alcaldía de Acatzingo ya es investigado por la Fiscalía General del Estado que sigue varias líneas, entre ellas algunas de índole electoral que involucran a personajes y actores políticos de la zona que ya gobernaron o pretenden volver gobernar ciertos municipios.
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García Almaguer, en la campaña de Armenta
De los nombramientos que este lunes anunciará el candidato a la gubernatura de Morena y/o la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, hay uno que levantará cejas entre la militancia de su partido, el de Marcelo García Almaguer como coordinador de redes sociales.
García Almaguer no sólo fue miembro de la dirigencia del PAN, sino uno de los colaboradores más cercanos del extinto gobernador Rafael Moreno Valle en temas de comunicación, campañas negras y bullying en redes sociales.
Como verá, un auténtico chapulín.
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Hasta hoy se sabrá si en Tehuacán va Barroso o Balseca por Morena
En cualquier momento se sabrá cuál de las dos planillas que se registraron por Morena y el PT a la presidencia municipal de Tehuacán será la buena, si la encabezada por Alejandro Barroso Chávez que es apoyada por el candidato al Senado Ignacio Mier Velazco, o la presidida por el expriísta Marco Antonio Balseca Romero, que tendría el respaldo de Alejandro Armenta.
Este lunes vence el plazo para que los partidos políticos y coaliciones que registraron candidatos a las presidencias municipales puedan hacer cambios y sustituciones ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).
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Juezas bajo la lupa
Un juicio que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y los consejeros de la Judicatura de Puebla deberían poner atención es el que se sigue contra Diego Velázquez de Garay, cuyo domicilio en Lomas de Angelópolis 3 fue objeto de un cateo en octubre de 2022.
Dicho proceso ha involucrado a dos juezas de control, Lina Claudia Ordoñez Pérez y Miriam Huerta Lechuga, cuyas actuaciones a favor del inculpado generan ciertas suspicacias.
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