El adeudo fiscal de 722.3 millones de pesos que el gobierno del estado de Puebla tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que hace unos días fue reconocido por la actual secretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, Josefina Morales Guerrero, podría ser mucho mayor, pues la evasión se extendió a otros poderes, organismos públicos descentralizados (OPDs) y ayuntamientos.
De acuerdo con una fuente confiable que tuvo acceso las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2019 y 2020, entre los evasores del Impuesto Sobre la Renta (ISR) figuran los diputados locales de la LX Legislatura del Congreso del Estado, así como ciertos funcionarios de la Secretaría General de ese poder, directores generales y titulares de institutos y de unidades administrativas del Legislativo.
En la misma tesitura estarían algunos OPDs, como universidades tecnológicas y politécnicas, así como algunos Institutos Superiores Tecnológicos y otras entidades de la administración pública estatal, cuyos directivos recibieron sobresueldos, a manera de compensaciones, bonos y apoyos que no fueron gravados con el ISR, pese a que en varios casos, tales compensaciones eran mayores que sueldo o salario.
De los hechos estuvieron enterados en su momento el fallecido gobernador Luis Miguel Barbosa, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura, Gabriel Biestro, y la entonces secretaria de la Función Pública y actual titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava.
Todos fueron cómplices de esta evasión, permitida y tolerada por la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, y la exsecretaria de Administración, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo.
El adeudo de los diputados y funcionarios del Congreso local al SAT podría alcanzar conservadoramente los 15 millones de pesos.
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Dejan barbosistas sola a Rosario Orozco en la defensa del extinto gobernador
Una cuestión que mucho llama la atención de la andanada de críticas de los últimos días a la gestión barbosista, por los señalamientos de corrupción y daño patrimonial que algunos de sus funcionarios habrían provocado a las arcas estatales, es que nadie —salvo la viuda de Luis Miguel Barbosa Huerta— ha salido en su defensa.
Lo que más sorprende es que tampoco han usado sus redes sociales para retuitear y replicar las aclaraciones de doña Rosario Orozco Caballero, en el sentido de que las acusaciones contra su marido y quienes fueron sus secretarios del gabinete son dolosas o malintencionados.
Entre los funcionarios, políticos y legisladores locales que eran acérrimos barbosistas y hoy brillan por su ausencia ante la avalancha de críticas a su gestión figuran Gabriel Biestro, a quien impulsó como presidente de la Junta de Gobierno de la LX Legislatura y secretario del Trabajo; el exsecretario de Gobernación y actual aspirante a la gubernatura de Puebla, Julio Huerta Gómez, y las secretarias de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, y de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez.
A la lista habría que agregar a los exdiputados Rafaela Vianey García Romero, Nora Yessica Merino Escamilla, Tonantzin Fernández Díaz y Olga Lucía Romero Garci-Crespo, actual presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, así como la exsecretaria de Administración y actual la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, y el exconsejero jurídico y actual magistrado del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana.
Ninguno de ellos ha salido en defensa del extinto mandatario frente a las acusaciones de que su gobierno heredó hoyos financieros y fiscales como el de 606 millones de pesos invertidos en Accendo Banco y el de 722.3 millones de pesos por evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el pago de compensaciones y sobresueldos de la alta burocracia estatal durante los ejercicios de 2019 y 2020.
Todos han dejado a doña Rosario Orozco en la orfandad. Vaya, ni siquiera han sido generosos para publicar, compartir o hacer suyo su comunicado del miércoles por la noche, donde dice que la inversión de 600 millones de pesos del gobierno del estado en Accendo Banco fue realizada por servidores públicos que el gobernador sustituto promovió a posiciones de mayor responsabilidad, en clara alusión a la actual secretaria de Finanzas.
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A propósito.
Trasciende que una de las causas por las cuales Gabriel Biestro Medinilla no habría salido a defender a quien fuera su mentor e impulsor político podría estar relacionada con las obras de remodelación y rehabilitación que se hicieron en la actual sede del Poder Legislativo.
Esos trabajos, que tuvieron un costo de 20 millones de pesos, no están soportados en un contrato de obra pública, sino de adquisición de servicios, adjudicado a la empresa EMPO Constructores SA de CV.
Dicho contrato fue revisado en su momento por la ASE, lo mismo que las obras de remodelación, y los auditores y peritos encontraron varias anomalías, entre ellas que nunca se hizo un estudio técnico y un proyecto ejecutivo, que las obras nunca fueron autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y que los trabajos tuvieron un sobrecosto de casi 8 millones de pesos.
Con la llegada de Amanda Gómez Nava a la Auditoría Superior del Estado, esa revisión y peritajes se archivaron, lo que no significa que no estén disponibles o al alcance de quienes hoy integran el gobierno sustituto.
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