El nombramiento de la maestra Georgina Cesín Andrade como secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y la virtual designación de Rosa Isela Sánchez Soya como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), no son buenos augurios en materia de combate a la corrupción y protección de los derechos humanos.
En ambos casos sus electores (los miembros del órgano de gobierno del SEA y los diputados de la fracción de Morena y aliados en el Congreso del estado) no optaron por los mejores perfiles sino por personas cercanas a Morena y al gobernador electo Alejandro Armenta Mier, pero sin experiencia ni preparación académica especializada.
Para la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción el mejor perfil era por mucho el de Janeth Bustamante Abdala, debido a que tenía casi 3 años coordinando a los entes que lo integran, pero éstos se inclinaron por una exfuncionaria de la exacaldesa Claudia Rivera Vivanco en el Ayuntamiento de Puebla, donde se desempeñó como directora de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas, sin antecedentes en asuntos de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Donde este miércoles se tomará una decisión peor, apoyada por una inverosímil evaluación de los timoratos diputados de la Comisión de Derechos Humanos, es en el Congreso del Estado.
Ahí se cocina una burda imposición a favor de la abogada, maestra en Derecho y administradora de empresas turísticas Rosa Isela Sánchez, pese a su inexperiencia y falta de preparación en la defensa de los derechos humanos de las personas (sic).
El mayor mérito de la inminente sucesora de José Félix Cerezo Vélez en la presidencia de la CDH de Puebla es haber apoyado, junto con su hija y su marido, la campaña del hoy gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta.
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Pero por si lo anterior no fuera suficiente, no dude ni tantito que el próximo comisionado ciudadano del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción sea un exburócrata como el excontralor de Mario Marín Torres, Víctor Manuel Sánchez Ruiz.
Este martes los cuatro aspirantes a ocupar la vacante que dejará la comisionada Eira Zago Castro fueron entrevistados por los integrantes de la Comisión de Selección. Ellos son el ya mencionado excontralor de Marín; el abogado de la Libre de Derecho y excomisionado del ITAIP, Carlos Germán Loeschmann Moreno; el periodista y empleado del INAI, Jorge Machuca Luna; y el catedrático de la facultad de Administración de la BUAP y maestro en Fiscalización y Rendición de Cuentas, José Antonio Chávez Jiménez.
La Comisión de Selección tiene hasta el 13 de noviembre para designar al nuevo comisionado ciudadano del SEA, que ojalá sea un ciudadano y no otro exfuncionario.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es el único órgano de la sociedad civil del SEA; sin embargo, se ha venido llenando de exburócratas. Ojalá no ocurra lo mismo con el sustituto de Eira Zago que el 15 de noviembre concluye su gestión.
Los integrantes del CPC que provienen del sector público son Sergio Díaz Sáenz, Maritza Méndez Cabrera y Laura Morales Villagrán.
Sergio Díaz Sáenz viene de ser director Jurídico y de lo Contencioso del Municipio de Puebla; Maritza Méndez, de ser directora de Administración y Finanzas del Congreso del Estado; y Laura Morales de laborar durante casi 30 años en los gobiernos federal, estatal y municipal.
La única comisionada del CPC que tiene su origen en la sociedad civil es Cecilia Huchin Mora.
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