Once trabajadores, de casi una centena que fueron despedidos, entre febrero y julio de este año, del Sistema Estatal DIF, han comenzado a organizarse para reclamar el pago del finiquito que les ofrecieron por firmar su renuncia.
Entre estos figuran algunos de los principales funcionarios de las áreas administrativas del organismo, como la directora de Administración y Finanzas, y los directores y jefes de Administración, Recursos Materiales, Recursos Financieros, Factor Humano y Sistemas y Tecnologías de la Información, así como de algunas Casas que atienden a niños, adolescentes y personas de la tercera edad.
Los primeros despidos ocurrieron el 14 de febrero, día en que fueron citados en las oficinas centrales del Sistema Estatal DIF, por el entonces jefe de gabinete Javier Aquino Limón, el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala y el consejero jurídico Jonathan Ávalos Meléndez.
En esa ocasión los funcionarios arriba mencionados ofrecieron a los directivos del DIF un finiquito, así como el pago de primas de antigüedad, vacaciones y otras prestaciones. Sin embargo, dichas liquidaciones no se han concretado, por lo que algunos de los afectados han escalado su inconformidad a la propia presidenta del organismo, Gabriela Bonilla Parada, y al mismo gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
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A propósito.
Entre los empleados inconformes hay algunos que cuentan con información comprometedora sobre las adquisiciones, licitaciones y adjudicaciones de alimentos que ha realizado el Sistema Estatal DIF, como la compra consolidada por unos 930 millones de pesos que en mayo o junio de este año dio a La Italiana SA de CV, cuyo directivo es por cierto yerno de Pepe Chedraui Budib.
El procedimiento para adjudicar ese contrato que incluyó los once programas alimentarios del organismo –como desayunos escolares fríos y calientes, iniciando una correcta nutrición y despensas para mujeres embarazadas, para personas discapacitadas, adultos mayores, rescate nutricional, personas en situación de emergencia y para niñas, niños adolescentes y adultos con cáncer— no solo fue atípico y sin ningún descuento sustantivo en los precios, sino que en la práctica las entregas están desfasadas, a destiempo del calendario autorizado.
Lo anterior viene a cuento porque a decir de estos exfuncionarios este año se estaría planeando otra compra consolidada y poco transparente, para favorecer de nueva cuenta a la misma empresa de José Antonio Cernicchiaro.
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Otra autoridad que también debería poner atención en sus empleados y trabajadores, y no tomar partido en los conflictos que enfrenta el secretario general del Sindicato Benito Juárez, Gonzalo Méndez Juárez con algunos sindicalizados, es el ayuntamiento de Puebla.
La inconformidad de algunos trabajadores radica en la negativa de algunos funcionarios del ayuntamiento capitalino para autorizar días económicos, pactados en la cláusula 60 de las condiciones generales de trabajo.
Según algunos sindicalizados estos días se manejan discrecionalmente, pues los únicos que gozan de este beneficio son los incondicionales de Gonzalo Juárez y no los trabajadores críticos u opositores del líder sindical.
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