Más que investigar cómo se otorgaron las plazas magisteriales de tiempo completo de los últimos diez años —pesquisas que no llegarán a ningún lado, pues eso mismo prometieron los dos últimos gobernadores y sus secretarios de Educación—, el gobierno del estado y la Secretaría de Educación de Puebla deberían hace suyo el Acuerdo número 05/02/18 de la SEP federal y apegarse al decreto de creación de la Universidad Pedagógica Nacional y a la normativa expedida sobre éste.
Dicho acuerdo regula el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico de las escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica dependientes de la SEP, y crea una Comisión Técnica Nacional como la instancia de asesorarla en esta materia.
En el decreto de creación de la UPN se establece con toda claridad que el ingreso como docente a esta institución y las promociones escalafonarias o de categoría serán por examen de oposición, previa convocatoria pública.
Si estas dos normas se aplicaran con claridad y transparencia, y las comisiones técnicas o de evaluación creadas para las Escuelas Normales públicas y las Unidades de la UPN se integraran con académicos reconocidos, doctores en Educación y los docentes mejor evaluados de estas instituciones, el problema de la asignación discrecional e irregular de estas plazas magisteriales comenzaría a resolverse.
De entrada ya no podrían repartirse como hoy sucede entre la burocracia dorada de la SEP y la mafia que controla las secciones 23 y 51 del SNTE, y tampoco podrían beneficiarse los políticos de cada sexenio o administración que antes de dejar el cargo se adjudican una plaza o se la asignan a un pariente o recomendado.
Este acuerdo para las Escuelas Normales —publicado originalmente el 8 de mayo de 2018 y modificado el 13 de agosto de 2022— establece lo siguiente:
Cada estado debe adaptar y complementar el marco normativo federal con base en su contexto local.
Las normas estatales deben respetar los principios rectores federales, como la transparencia, la equidad, la evaluación y el mérito académico.
Estas normas pueden incluir criterios específicos de evaluación, requisitos administrativos, y procedimientos de concurso, siempre que no contradigan el acuerdo federal.
Otro problema que resolvería este Acuerdo es la nefasta práctica de que los maestros que se jubilan pueden heredar su plaza o sus horas clase a un familiar, o el SNTE gestionar que las plazas de docentes fallecidos se otorguen a sus hijos o hijas.
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